Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha declarado ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que informó personalmente a su superior de los mensajes que recibía de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio.
La declaración de Sanz, que dejó el cargo el pasado 11 de septiembre, se enmarca en la investigación sobre las posibles omisiones y la falta de coordinación previas a aquellos hechos. Según fuentes jurídicas, las comunicaciones del CNI alertaban de una intensa movilización en redes sociales: varios foros, con más de 180.000 seguidores, coordinaban un llamamiento para cruzar masivamente la frontera por la valla y por el mar el 30 de julio.
El exjefe de gabinete entregó a la magistrada documentación para respaldar su versión, incluidos capturas de pantalla, registros de llamadas e historiales de conversación. El material refleja el contacto que mantuvo con el agente de inteligencia entre los días 27 y 29 de julio.
Al ser preguntado por la contradicción entre su relato y la posición pública de Pérez Triano, quien había negado recibir una alerta formal e inminente, Sanz mantuvo un tono prudente. Indicó que el exdelegado podría no recordar la conversación formal en la que le trasladó las advertencias del CNI. También explicó que presentó su dimisión de forma inmediata al comprobar que su superior le desmentía públicamente, una situación que, según expuso, afectaba a su profesionalidad.
Tres días antes de esta comparecencia, Pérez Triano dimitió como delegado del Gobierno y abandonó además la dirección del PSOE ceutí. En un cambio de postura, afirmó que antes de la «grave crisis migratoria» se habían solicitado «medidas y refuerzos» y se habían remitido informes y comunicaciones a Madrid. Su situación judicial queda ahora bajo análisis de la jueza Tardón.
Durante la misma jornada declaró el jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega, quien aseguró que la Jefatura no contó con «información previa» ni recibió avisos o alertas de la Delegación del Gobierno ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre un riesgo inminente de asalto fronterizo.
Vega delimitó las competencias de la Policía Local y recordó que este cuerpo no tiene atribuciones en materia de extranjería, control de fronteras o seguridad nacional, funciones que corresponden a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. No obstante, señaló que un aviso preventivo habría permitido reorganizar los efectivos urbanos y colaborar en los accesos perimetrales y en el control del tráfico antes del colapso del Tarajal.
Las declaraciones se producen después de que el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareciera esta semana ante la jueza. Vivas, cuya administración está personada como perjudicada, sostuvo que trató de contactar sin éxito hasta en diez ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre el 27 y el 29 de julio, y que solo pudo hablar en tres ocasiones con el jefe de gabinete del líder del PSOE. El Ejecutivo respondió difundiendo registros telefónicos oficiales y sostuvo que las nueve llamadas recibidas desde la Presidencia ceutí fueron atendidas con diligencia en cuestión de minutos.
Con la documentación aportada por Sanz, la instrucción entra en una fase relevante. La jueza Tardón estudiará los volcados telefónicos para reconstruir la cadena de custodia de las alertas del CNI y determinar si pudieron existir responsabilidades penales o administrativas por la omisión de protocolos de seguridad.