El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha requerido al Ministerio de Asuntos Exteriores que proporcione información sobre el número de personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que incorpora la disposición conocida como ‘ley de nietos’.
El organismo responsable de supervisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha dado la razón a un ciudadano que pidió al departamento dirigido por José Manuel Albares datos estadísticos sobre ambos procedimientos de nacionalización destinados a descendientes de exiliados.
La Ley de Memoria Histórica de 2007 permitió acceder a la nacionalidad española a quienes tuvieran un padre o una madre originariamente españoles, así como a los nietos de personas que perdieron o debieron renunciar a su nacionalidad a causa del exilio.
Por su parte, la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, permite solicitarla a las personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela fuera originariamente español y hubiera perdido la nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual.
La normativa de 2022 también contempla a los hijos e hijas nacidos fuera de España de mujeres que perdieron la nacionalidad al contraer matrimonio con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución, además de los hijos e hijas mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de 2007.
Información desglosada por países
La petición reclamaba datos por países sobre el total de solicitudes recibidas, las aprobadas, las denegadas y las que permanecían pendientes de resolución. El ciudadano presentó la solicitud en octubre de 2025, pero no recibió contestación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por ello, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia el pasado mayo.
El Consejo solicitó también alegaciones al ministerio, sin obtener respuesta. En la resolución, recogida por Europa Press, el organismo presidido por Concepción Campos Acuña reprocha a Exteriores que no respondiera al solicitante «sin que conste causa o razón que lo justifique» y que tampoco atendiera el requerimiento del propio Consejo.
Asimismo, advierte de que esta falta de respuesta «dificulta considerablemente el cumplimiento» de sus funciones, al impedirle contar con «todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada».
El derecho de acceso mantiene su eficacia
El Consejo subraya que la falta de contestación tanto a la solicitud de acceso como al requerimiento de alegaciones «no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional», como es el acceso a la información pública.
Tras considerar que la información solicitada tiene carácter público y constatar que Exteriores no respondió a la petición ni justificó la existencia de alguna causa legal de inadmisión, el organismo ha estimado la reclamación y ha instado al ministerio a entregar los datos solicitados.