La decisión de la jueza que instruye la causa de la dana de ampliar durante otros seis meses la investigación tendrá efectos que van más allá del ámbito judicial. La resolución de Nuria Ruiz Tobarra prolongará las diligencias después del 30 de octubre y llevará el procedimiento hasta abril de 2027.
Ese calendario sitúa la investigación a las puertas de la campaña de las elecciones autonómicas, previstas para mayo salvo que Juanfran Pérez Llorca optara por adelantarlas. Los partidos de izquierda podrán incorporar la dana a la campaña, mientras que el PP deberá afrontar el debate sobre la elaboración de sus listas y la situación de Carlos Mazón, que mantiene su aforamiento como diputado en las Cortes Valencianas.
En el auto, comunicado a las partes el lunes, la magistrada sostiene que se trata de una causa de «gran complejidad» y de «extrema gravedad». La ampliación de la instrucción responde también a que sigue pendiente la contestación de Estados Unidos a la comisión rogatoria destinada a recuperar mensajes de WhatsApp eliminados del teléfono del ex jefe de gabinete de Mazón.
La jueza señala que la eventual incorporación de esa información al procedimiento podría justificar la práctica de nuevas pruebas vinculadas a la investigación. Ruiz Tobarra, que espera aún la resolución de las quejas presentadas contra ella por los investigados ante el Consejo General del Poder Judicial, mantiene abierta la posibilidad de encontrar indicios contra el ex presidente de la Generalitat.
Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas, la instrucción no ha aportado hasta ahora pruebas que relacionen a Mazón con el retraso del ES-Alert, cuestión central de la investigación. Esta fue también la valoración del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que rechazó imputarlo.
La magistrada elevó una exposición razonada al TSJ contra el ex presidente debido a su condición de aforado como diputado autonómico. La situación plantea un dilema para el PP, ya que Mazón podría perder ese aforamiento asociado a su escaño cuando se disuelvan las Cortes Valencianas. El ex presidente evitó ser citado como testigo, con la obligación de decir verdad, al personarse en la causa.
El PP podría incorporarlo a la Diputación Permanente para que, en principio, conservase el aforamiento. No obstante, esta alternativa implicaría un riesgo político para los populares, que volverían a asumir el coste de proteger a un ex presidente cuya expulsión del grupo parlamentario reclaman las principales asociaciones de víctimas de la dana.
La continuidad de la investigación judicial obligará además al PP a abordar el debate sobre las candidaturas. En el partido consideran que no pueden incluir al ex presidente en las listas, aunque la incógnita será la posición que adopte Mazón cuando llegue ese momento.
Por ahora, en el PP evitan hablar de las listas electorales, mientras Juanfran Pérez Llorca aguarda la confirmación de Génova como candidato del partido a la Generalitat. Desde el entorno del presidente transmiten tranquilidad pese a los intentos de PSOE y Compromís de mantener la dana en el centro del debate político.
Mazón deberá comparecer de nuevo el lunes 21 de septiembre ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. La ex consejera imputada Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, también volverán a comparecer el día 28.