La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos ha sacudido la legislación española, prometiendo aumentar el número de litigios en los juzgados. La interpretación de los efectos de este fallo y a quién afecta varía según la fuente consultada, pero todas están de acuerdo en que esta decisión obligará al Gobierno español a revisar y cambiar su actual legislación.

La sentencia del TJUE ha dejado varias preguntas sin respuesta clara: ¿Cómo se aplicará este fallo en los juzgados de primera instancia en España? ¿Afectará a todos los empleados públicos, o solo a una parte de ellos? ¿Qué sucederá con los procesos extraordinarios de estabilización en curso o ya finalizados, en los que participan decenas de miles de interinos?

Esta no es la primera vez que el TJUE ha emitido una sentencia sobre el abuso de la figura del interino en la Administración Pública en España. En reiteradas ocasiones, el tribunal ha criticado a España por la falta de mecanismos de control y sanción en caso de incumplimiento. Sin embargo, esta es la primera vez que se pronuncian desde que el Gobierno español aprobó una nueva normativa para adaptarse a los requisitos de la UE.

La sentencia del TJUE resuelve tres cuestiones principales. En primer lugar, define la figura del trabajador público indefinido no fijo, un empleado del cuerpo de personal laboral que ocupa una plaza estructural mediante un contrato eventual y sin expectativa de salida. Según la sentencia, estos empleados son eventuales, y el Gobierno debe evitar y resarcir cualquier abuso sobre ellos.

En segundo lugar, la sentencia establece que los procesos de estabilización en curso son una condición necesaria, pero no suficiente, para combatir los abusos de la temporalidad en las administraciones. El TJUE sostiene que estos procesos no garantizan que se convoquen efectivamente ni que eviten la utilización abusiva de relaciones laborales de duración determinada.

La tercera cuestión se refiere al sistema de indemnizaciones para aquellos que terminen su relación temporal con la Administración. Actualmente, aquellos interinos que participen en los procesos extraordinarios para consolidar su plaza y no lo consigan reciben una compensación de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. El TJUE considera que esta indemnización no es suficientemente disuasoria para la Administración y no le invita a dejar de abusar del interino.

Las opiniones varían sobre cuántos trabajadores podrían verse afectados por este fallo. Sindicatos como CCOO y UGT sostienen que la sentencia solo afecta a los trabajadores interinos del personal laboral. Sin embargo, las plataformas de interinos argumentan que el fallo se aplica a todo el personal interino, ya que la UE no distingue entre cuerpos funcionariales o laborales.

En cuanto a los procesos que ya han concluido, las distintas fuentes consultadas coinciden en que no se verán afectados por la sentencia. Sin embargo, pueden surgir problemas en el caso de los concursos en marcha, pero todavía no concluidos.

La polémica está lejos de terminar, y aún no está claro cómo el Gobierno español encajará el fallo del TJUE. Sin embargo, han asegurado que los procesos de estabilización continuarán. De hecho, afirman que ya se ha cumplido el 75% del compromiso de reducir 300.000 plazas temporales antes de finales de 2024.

Para complicar aún más la situación, se espera que el TJUE vuelva a pronunciarse sobre otro caso relacionado con personal funcionario interino en los próximos meses. Esta próxima decisión podría completar la visión de la UE sobre la nueva ley española para la estabilización de interinos y determinar si es lícita o no.