Gigantes Digitales Presionan al Gobierno Español para Inversiones en Nuevas Redes Eléctricas
Los gigantes digitales están ejerciendo una presión considerable sobre el gobierno español para facilitar inversiones multimillonarias en nuevas redes eléctricas. Esto les permitirá el despliegue masivo de centros de procesamiento de datos en España. La Asociación Española de Data Centers (Spain DC), que agrupa a empresas líderes como Amazon, Microsoft, Digital Realty, Equinix y Nabiax, destaca la insuficiencia de las infraestructuras eléctricas en el mercado español. Exigen una mayor inversión para evitar que el país se quede atrás en la revolución de la digitalización.
Spain DC solicita al gobierno un plan de inversión de 100.000 millones de euros en nuevas redes eléctricas hasta 2040. Esta cantidad sería el doble de la actual tasa de inversiones marcada por la legislación vigente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el proceso legal para aumentar el límite legal de las inversiones de las grandes eléctricas en las redes. Los gigantes de los centros de datos han aprovechado la oportunidad para presentar alegaciones y proponer un ambicioso plan de inversión que permita a sus centros de procesamiento de datos, grandes consumidores de electricidad, tener un suministro suficiente.
Para Spain DC, España tiene el potencial de convertirse en el hub de interconexión digital del sur de Europa. Sin embargo, este potencial no se puede aprovechar sin grandes inversiones en redes eléctricas que faciliten la capacidad necesaria para instalar nuevos centros de datos. Según la asociación, “la inversión en los últimos lustros ha sido claramente insuficiente, provocando un déficit de infraestructuras de transporte de electricidad y dejando la dotación de España muy por debajo de los países de su entorno. El crecimiento vegetativo de la red ya era insuficiente, sin tener en consideración las nuevas industrias y transformaciones por lo que en estos momentos nos encontramos ante una situación de atraso acumulado”.
Las Estimaciones de Inversión Necesarias
Según las estimaciones de la Asociación Española de Data Centers, España necesita ejecutar inversiones de 6.625 millones de euros cada año hasta 2030 y de otros 5.300 millones anuales entre 2031 y 2040. En total, alrededor de 99.400 millones en poco más de una década y media, el doble que los 51.000 millones que podrían ejecutarse con los límites legales actuales. “Sin una red adecuada que conecte la nueva producción de electricidad con la demanda, existe el riesgo de que la digitalización y la transición hacia energías limpias se estanque”, advierte Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC. “El desarrollo del proceso de digitalización y descarbonización de la economía, el aumento del intercambio de información y el desarrollo de industrias basadas en el conocimiento con valor añadido precisan de una red sólida de centros de datos en España”.
El gobierno ha lanzado una consulta pública previa para abordar una modificación de los límites de inversión en redes eléctricas, tanto en la de transporte (controlada por Red Eléctrica de España, REE) como en las de distribución (que tienen como principales propietarias a Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP). El Gobierno de momento no hace una propuesta sobre cómo reformar esos límites, sino que sólo da el primer paso pidiendo una primera opinión a todos los actores del sector, pero anticipa que el objetivo de la revisión es que haya “una mayor inversión en redes de transporte y distribución”, imprescindible para hacer posible el boom de nuevas plantas renovables y para conectar los grandes proyectos industriales con un gran consumo de electricidad.
El negocio de las redes de distribución y de transporte es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) había abierto procesos de consulta pública para actualizar el cálculo de la retribución que perciben las compañías de distribución, y ahora el Ejecutivo hace lo propio para revisar el tope máximo.
Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y unos 2.000 millones para las de distribución. Las grandes eléctricas vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y, al mismo tiempo, también piden elevar la retribución que perciben, que debe revisarse de cara a 2026 y que actualmente está fijada en un 5,6% de rentabilidad. Desde el sector se ve razonable elevar la retribución hasta el entorno del 7%. Las grandes eléctricas, en paralelo, han empezado a reclamar que se les permita construir también redes de transporte, rompiendo así el monopolio actual de REE en este campo.
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) sitúa el ratio normal de inversión en redes frente a la nueva capacidad renovable en 0,7 millones de euros por megavatio (MW) hasta 2030, mientras que en España ese ratio es solo de 0,45 millones de euros por MW. En este sentido, para mantener la competitividad frente a otros países y asegurar la transición energética, la AIE recomienda duplicar la inversión hasta 2040 para cumplir con los objetivos climáticos y garantizar la seguridad del suministro.
Según Spain DC, el efecto captura de actividad económica del sector de los centros de datos, donde se recoge la digitalización y el aumento de competitividad de las empresas en España, así como el aumento del gasto de los hogares, tendría un impacto de 42.800 millones de euros en el mercado español. Además, permitiría la creación de empleo que se estima en 23,6 trabajos anuales por cada MW durante la fase de inversión inicial, y un impacto en la recaudación fiscal de 430.000 euros por cada MW durante la construcción y urbanización, recaudación que continuará durante los años siguientes de operación.
Desde la Asociación se reclama para no poner este impacto económico en riesgo, se necesita un mejor acceso a la electricidad, con capacidad de transporte desde el lugar de generación hasta las localizaciones donde se encuentran los hubs de hiperconectividad digital. El escrito de alegaciones de Spain DC subraya que la sola derogación de los límites a la inversión no resolverá el déficit de infraestructuras y pide hacer esfuerzos para lograr recuperar el tiempo perdido en el desarrollo de las redes necesarias para la sociedad del conocimiento. Por ello insta a mejorar los procesos de acceso y conexión tanto a transporte como a distribución con una planificación que rinda cuenta de los retrasos o impedimentos que se padezcan.
