El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, ha anunciado que presentará una Proposición No de Ley en el próximo pleno con el objetivo de defender el estado actual de los centros de educación especial en la región. Esta acción responde a la preocupación por los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales que están matriculados en estos colegios y también por los derechos de sus familias.
El Partido Popular demanda en su propuesta que la Junta exija al Gobierno que modifique la disposición de la nueva ley educativa (Lomloe). Esta ley estipula que hasta el año 2030, los centros de educación ordinaria deberán equiparse con los medios necesarios para poder escolarizar a alumnado con necesidades especiales.
Según el texto registrado este martes por el PP en el Parlamento regional, la sección que piden cambiar supone una imposición de un modelo que limita los derechos de los alumnos escolarizados en centros de educación especial y de sus familias. La crítica de los populares a la Lomloe radica en que, en su opinión, impone un modelo que restringe la elección de las familias y limita las oportunidades de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Los excluidos de la inclusión
El documento presentado por el Partido Popular también denuncia que estos colectivos no fueron escuchados durante el trámite de la tramitación de la Ley. De acuerdo con la interpretación del PP, la legislación actual dicta que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales debe respetar la voluntad de las familias que prefieren un régimen más inclusivo. Sin embargo, este planteamiento excluye a aquellas familias que no comparten este criterio.
El planteamiento del PP recuerda que en los colegios de educación especial los alumnos están matriculados hasta los 21 años. Esto cambiaría drásticamente si desaparecen o se limitan sus funciones, lo que resultaría en que a los 16 años, este alumnado quede fuera del sistema educativo.
El Partido Popular explica que las propias familias de menores escolarizados en centros de educación especial y la Asociación de Ayuda a la Dependencia y de Enfermedades Raras han mostrado su rechazo a que estos colegios pasen a tener un carácter asistencial en lugar de educativo. Estos colegios, argumentan, son los únicos que cubren todas las necesidades de sus hijos.
Por todo ello, el derecho a elegir el centro escolar para sus hijos debe garantizarse por los poderes públicos. La elección del centro, según el texto presentado, es un derecho que debe ser protegido y respetado, sin imposiciones que limiten las opciones de las familias y los alumnos con necesidades educativas especiales.
En palabras del PP, la educación inclusiva no debe ser una imposición, sino una opción. La propuesta de los populares busca garantizar que las familias puedan elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos, sin que sus opciones se vean limitadas por una ley que consideran restrictiva.
Así, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León da un paso al frente para defender los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales y sus familias. Con su propuesta, buscan asegurar que la educación especial siga siendo una opción válida y respetada en la región, garantizando el derecho a la elección y buscando siempre el bienestar de los alumnos y sus familias.