La Reforma del Subsidio por Desempleo: Un análisis detallado de sus implicaciones económicas y su impacto en el mercado laboral
La reciente reforma del subsidio por desempleo en España ha provocado un cambio significativo en el panorama económico y laboral del país. Según la memoria económica del decreto ley, el coste de la reforma se eleva hasta los 4.766 millones de euros, mientras que el número de beneficiarios se reduce en 1.770 personas durante el primer año de su aplicación.
Este incremento de coste, cifrado en unos 79 millones de euros en comparación con el sistema anterior, supone una carga adicional mensual para el Estado de 397,15 millones de euros, lo que se traduce en un incremento de 6,6 millones de euros respecto al diseño anterior de los subsidios.
El impacto de la reforma en términos de beneficiarios
En cuanto a los beneficiarios de los subsidios, el Gobierno estima que habrá un descenso de 816.921 a 815.151 en el primer año de aplicación, descendiendo a 777.553 en el tercer año y a 779.131 en el quinto año.
Para realizar estos cálculos, el Gobierno ha tomado como referencia la situación actual de los datos de media mensual en 2023, cuando el gasto de subsidios, del Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) y la Renta Activa de Inserción (RAI) ascendió a 390,5 millones de euros al mes.
La reforma conlleva la supresión de la RAI, el SED y los subsidios de liberados de prisión y revisión de invalidez, pero introduce un nuevo subsidio para menores de 45 años sin responsabilidades familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva y otro para víctimas de violencia de género o sexual.
El nuevo diseño elimina la discriminación por edad en la duración del subsidio por agotamiento de prestación contributiva y modifica la cuantía del resto de subsidios, excepto el de mayores de 52 años. Así, el subsidio pasa a ser el 95% del IPREM en los seis primeros meses, del 90% en los seis meses siguientes y del 80% en el resto de meses.
El gasto estimado será de 397,15 millones de euros mensuales, lo que supone un aumento de 6,6 millones euros al mes y 79 millones de mayor gasto el primer año. Sin embargo, se espera que en el tercer de año de aplicación la situación cambie y se produzca un ahorro de tres millones de euros al mes y de 36 millones de euros al año. Para el quinto año, se estima un ahorro mensual de 2,3 millones de euros y de 27 millones al año.
El subsidio para mayores de 52 años y el nuevo subsidio para menores de 45 años
De los 397,15 millones de euros de gasto que se producirán en el primer año de la aplicación de la reforma, el 52% del coste corresponde al subsidio para las personas mayores de 52 años, que cada mes supone un desembolso de 207,5 millones de euros.
El subsidio para mayores de 52 años ha sido el foco de atención, ya que el Ministerio de Trabajo rebajó su base de cotización en una primera reforma que decayó en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Podemos. Finalmente, se ha decidido mantener la base de cotización para las 434.864 personas que se benefician de este subsidio.
Por otro lado, el nuevo subsidio para menores de 45 años con responsabilidades familiares tendrá un coste mensual estimado de 14,46 millones de euros, a razón de 476 euros para 30.411 personas.
Compatibilizar empleo y subsidio por desempleo
Una de las mejoras más destacadas de la reforma es la posibilidad de compatibilizar el empleo con el cobro del subsidio por desempleo. Esto permitirá que los trabajadores puedan recibir su salario y la prestación por desempleo al mismo tiempo, proporcionando un alivio adicional a quienes estén luchando por reincorporarse al mercado laboral.
Esta medida, que entrará en vigor en 2025 tras el primer año de cobro de la prestación, es una respuesta concreta a las necesidades concretas de los trabajadores. Los trabajadores que perciban un salario que no supere los 18.900 euros brutos al año (es decir 1.350 euros al mes o 225% del Iprem) podrán beneficiarse de esta compatibilidad.
Además, la reforma incrementa el subsidio de 480 a 570 euros después de los seis primeros meses y mantiene la sobrecotización de los beneficiarios de más de 52 años, extendiendo esta protección a los menores de 45 sin cargas familiares y mayores de 52 con personas a cargo cuando las rentas superan el umbral del 75% del salario mínimo interprofesional.