En medio de la pandemia de COVID-19, la salud y el bienestar de las personas se ha convertido en una prioridad. Dentro de este contexto, la situación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Santiago, una ciudad en la región de Galicia en España, ha llegado a un punto crítico. Con la pandemia aún en curso, el sector turístico ha experimentado un golpe significativo. Sin embargo, la promesa de la regularización de las VUT, realizada hace un año y medio por el alcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo, ha mantenido a flote las esperanzas de alrededor de 600 familias.
Estas familias, que han invertido sus ahorros en la restauración de sus viviendas para convertirlas en VUT, se encuentran en un limbo mientras esperan la aclaración de las condiciones de la nueva normativa del concello de Santiago. A pesar de la promesa de regularización de las VUT que operaban antes de la modificación y estaban inscritos en el registro de la Xunta (REAT), el paso de los meses ha ido mermando las esperanzas y las expectativas de los afectados.
La guerra contra las VUT: ¿un desafío a la salud y el bienestar?
El concello de Santiago ha estado en una guerra contra este tipo de alojamientos durante dos años, a pesar del cambio de gobierno. El portavoz de Aviturga en la capital gallega, Óscar Soneira, lamenta que «nadie nos ha consultado durante todo este tiempo». Sin embargo, ve un rayo de esperanza en el hecho de que el equipo actual finalmente se reunirá con ellos, considerándolo una «señal de educación por su parte».
El departamento de Urbanismo, liderado por Iago Lestegas, ha convocado una reunión con los propietarios de las VUT para aclarar la situación de estas viviendas. Los propietarios de las VUT temen la letra pequeña de la esperada ordenanza, especialmente porque la mayoría de las viviendas afectadas se encuentran en la almendra de la ciudad. Soneira destaca que es «injusto» que los pisos ubicados en la zona vieja sean los más perjudicados.
La presión a la que están siendo sometidos los propietarios de las VUT ha llevado a críticas hacia el concello. Soneira señala que la concejalía de Urbanismo tiene 200 licencias de obra atrasadas, pero «llevan meses en los que no hay día que no nos llegue una notificación», la mayoría de ellas para advertir de la ineficacia de sus peticiones de licencia. Esta presión añadida puede tener un impacto negativo en la salud mental de los propietarios, aumentando su estrés y ansiedad.
Los propietarios de las VUT piden coherencia y claridad en medio de un sector turístico en crecimiento, ya que la comunidad ha visto un incremento del 20 por ciento en el número de pisos turísticos en solo un año. Mientras que el concello de Vigo está considerando cómo regularizar las VUT que ya están operando, en Santiago y La Coruña «quieren hacer todo con carácter retroactivo».
Soneira también hace referencia a los problemas que los pisos turísticos enfrentan con el ayuntamiento de La Coruña. Aunque el concello herculino se niega a responder, los afectados denuncian que planea limitar las VUT a bajos y primeras plantas, como ya se hizo en Santiago el pasado año. Los afectados consideran que esta decisión no tiene en cuenta todas las variables que intervienen, como la distribución y la densidad de las VUT en las calles de la ciudad, el impacto económico que suponen para muchos sectores, los perfiles de turistas que se alojan en ellas, ni del propietario que los recibe.
Esta situación, que cada localidad gallega enfrenta a su manera, ha dividido a la población. Mientras que algunos ven las VUT como una fuente de ingresos y una manera de atraer turismo, otros las ven como una amenaza para la calidad de vida y el bienestar de los residentes locales. A medida que la pandemia continúa, la resolución de esta situación será crucial para la salud y el bienestar de las 600 familias afectadas, así como para la recuperación del sector turístico en Galicia.