El 28 de septiembre de 2022 marcó un hito en la economía española con la aprobación del Gobierno de la Ley Crea y Crece. Este cambio en la regulación de las empresas representa una revolución en la forma en que se realizan las inversiones en el país. La Ley Crea y Crece abrió la puerta al crecimiento en España de una modalidad de inversión, el capital privado o capital riesgo, que consiste en la compra de una participación en una compañía con el objetivo de que esta crezca y obtener un retorno por ella.
Históricamente, este tipo de inversión ha sido accesible solo para los grandes institucionales, fondos soberanos, de pensiones o grandes patrimonios. Sin embargo, con la nueva regulación, el capital mínimo a destinar pasó de 100.000 euros a solo 10.000, facilitando la participación de inversores más pequeños.
Crescenta ha sido la primera compañía en aprovechar las bondades de la ley. Fundada por Eduardo Navarro, expresidente de la gestora Sherpa Capital y máximo accionista del ‘crowdfunding’ inmobiliario Urbanitae, la gestora ya ha lanzado sus primeros fondos de ‘private equity’. Liderada por Ramiro Iglesias como consejero delegado, Crescenta busca acercar este tipo de inversión a clientes minoristas, permitiéndoles invertir desde solo 500 euros.
Crescenta ha lanzado los vehículos ‘Crescenta Private Equity Buyouts Top Performers I’ y ‘Crescenta Private Equity Growth Top Performers I’, que han levantado 20 y 15 millones de euros, respectivamente, en apenas dos meses desde su lanzamiento. El primer vehículo compra participaciones de control en compañías muy maduras y que operan en varias industrias, mientras que el segundo toma posiciones minoritarias en empresas con base tecnológica que están en procesos de crecimiento.
Estos fondos participan, a su vez, en otros cinco o siete vehículos de grandes gestoras internacionales como EQT (dueño de Idealista), Cinven, Alpinvest, Insight Partners o G Squared. Cuando se invierte en un fondo de estas características, se compran participaciones en más de 150 empresas que operan en 20 países y en 20 industrias diferentes. Tras levantar sus dos primeros fondos de 35 millones en tiempo récord, Crescenta planea ampliar los dos vehículos hasta los 60 millones, superando su objetivo inicial de acabar el año gestionando 40 millones en inversiones y planeando terminar el año con 120 millones.
La rentabilidad de este tipo de inversión es uno de sus aspectos más atractivos, a pesar de que también tiene riesgos y condicionantes. Los dos vehículos de Crescenta en marcha tienen objetivos de rentabilidad entre el 15% y el 18% anual, basándose en el retorno que han dado sus vehículos subyacentes en el pasado. Esto significa doblar o más que duplicar el capital invertido en la duración de la inversión.
Sin embargo, los fondos de capital riesgo normalmente tienen duraciones entre 7 y 10 años, prorrogables hasta 12 la mayoría de las veces. Esto significa que durante los primeros dos o tres años el inversor tiene que aportar capital, según lo vaya exigiendo la gestora, y a partir del quinto año comienza a devolverse paulatinamente hasta el final del vehículo. Durante ese tiempo, salvo en algunas excepciones, no hay posibilidad de venta o recuperación del dinero, siendo una inversión denominada ilíquida.
En su origen, Crescenta se creó para dar acceso a fondos de capital privado a inversores con conocimiento financiero y ahorros, pero sin acceso a estos vehículos. Sin embargo, han despertado el interés de otros dos perfiles: inversores sofisticados, principalmente grandes patrimonios familiares, y trabajadores de compañías de servicios profesionales, como grandes despachos o consultoras, entidades financieras o directivos del sector que nunca habían podido invertir porque «los tickets mínimos subían por encima de los 250.000 euros».
A pesar de esto, el objetivo de Crescenta sigue siendo atraer a clientes minoristas que inviertan desde 10.000 euros, hasta el punto de que han limitado el máximo a los grandes clientes para permitir que los minoristas tengan espacio. Sin embargo, uno de los condicionantes regulatorios para poder hacerlo es que el patrimonio del inversor demostrable debe ser superior a los 100.000 euros.