La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, también conocida como Aemec, ha tomado una postura firme en apoyo a las ofertas públicas de adquisición (OPA), independientemente de si provienen de un banco o de cualquier otra empresa. Según indica la legislación vigente, el Gobierno no tiene derecho a vetar una OPA hostil, como la propuesta recientemente por el BBVA sobre el Sabadell. Estas declaraciones fueron realizadas por fuentes de la organización a Europa Press.
Aemec ha defendido su postura alegando que, en estricto sentido, cuando una empresa posee acciones y cotiza en Bolsa, puede ser objeto de formular o recibir una oferta de compra. La organización declara que “si la oferta viene con una prima, el accionista siempre está a favor de las ofertas de compra que mejoran las condiciones de las acciones que posee”.
Esta afirmación subraya la creencia de Aemec de que lanzar y recibir OPA es un «derecho» inherente tanto al comprador como al propietario de las acciones. Este derecho permite vender «sin sufrir intervenciones en el proceso». Es por eso que Aemec sostiene que el Gobierno «no puede parar una OPA», de acuerdo a la legislación actual.
No obstante, la organización reconoce que la Administración Pública tiene la capacidad de controlar la competencia y, por tanto, puede examinar la concentración empresarial que resulta de una compra realizada a través de una OPA. El objetivo de este control es evitar una excesiva concentración en el mercado que podría perjudicar la competencia.
En el escenario de una concentración excesiva, la operación no puede proceder, no por una decisión política, sino por la aplicación de la legislación de defensa de la competencia. Esto es aplicable tanto a compras amistosas como privadas, tanto dentro como fuera de la Bolsa. La responsabilidad de aplicar la ley corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), y en segunda instancia, al Ministerio de Economía.
A pesar de la claridad de esta normativa, Aemec admite que las leyes de competencia son “interpretables”. Esto significa que algunos pueden considerar que ciertas operaciones suponen un problema para la competencia, mientras que otros pueden considerar que no. Sin embargo, estos juicios no se pueden hacer a priori.
La asociación insiste en que «siempre está a favor de las OPA», así como «a favor de la ley», ya que es la ley la que «garantiza el cumplimiento de las reglas de juego». En resumen, mientras exista una mejora en las condiciones de las acciones, los accionistas minoritarios siempre estarán a favor de las ofertas de compra, y el papel del Gobierno debería ser sólo de supervisión y control para asegurar la competencia.