En un hecho sin precedentes, la recusación de los miembros de la Sala encargada de fiscalizar los nombramientos ha sido propuesta por el fiscal general del Estado, García Ortiz. Esta acción, considerada insólita, ha planteado serias dudas sobre la operación de los magistrados del Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial del país. Según fuentes fiscales del Supremo, esta iniciativa es una manifestación de la estrategia del fiscal general de resistir atacando.
La recusación ha sido enmarcada por las mismas fuentes como un intento de apartar a los magistrados que deben decidir sobre el nombramiento del fiscal general, un movimiento que han criticado duramente. La postura mayoritaria entre los fiscales consultados es que la recusación es un despropósito, un disparate y un absurdo que carece de fundamento y será rechazado ‘a limine’ (de plano).
Si bien podría haberse entendido si la recusación se hubiera basado en una enemistad manifiesta con un magistrado específico, las fuentes insisten en que es completamente ilógico recusar a un tribunal entero basándose en acusaciones de desviación de poder. Un fiscal del Supremo ha comentado que esto no puede considerarse animadversión.
La ironía de la situación no se ha perdido entre los fiscales, con uno comparándola a un criminal que exige un tribunal diferente cada vez que es juzgado, alegando que los jueces están sesgados. Este fiscal no recuerda ningún precedente donde los magistrados hayan sido recusados y la «Sala del 61», la autoridad encargada de resolver incidentes de recusación que afectan al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala o más de dos magistrados de una Sala, haya tenido que intervenir.
Este hecho recuerda al caso del ‘procés’, donde hace apenas dos años, la defensa de Puigdemont, liderada por el abogado Gonzalo Boye, recusó al presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y a otros tres magistrados, por haber formado parte del tribunal que dictó la sentencia del ‘procés’. Sin embargo, ese movimiento fue rápidamente detenido, con las recusaciones inadmitidas por estar basadas en causas infundadas y arbitrarias, ser abusivas y tener defectos formales.
En el improbable caso de que se activara la «Sala del 61» -compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, los cinco presidentes de Sala y los magistrados más antiguo y moderno de cada una de ellas- y esta decidiera aceptar las recusaciones, tendría que ser otra de las secciones, distinta a la cuarta, con otra composición, la que asumiera esos recursos. Sin embargo, en el Tribunal Supremo nadie ve esta posibilidad como un escenario probable.
En resumen, la recusación propuesta por el fiscal general del Estado es vista por las fuentes fiscales del Supremo como una estrategia sanchista de resistir atacando. Consideran que esta iniciativa es un despropósito y un disparate que carece de fundamento y esperan que sea rechazada de plano por los magistrados.