Este martes, los vocales de la Asociación de Fiscales, la organización más representativa en la carrera judicial, revelaron el borrador de un informe crítico sobre la ley de amnistía que planeaban presentar en el Pleno del Consejo Fiscal. Este acto de desafío surge en respuesta a la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de prohibir al Senado recibir tal informe.
El borrador del informe contiene críticas explícitas sobre la ley de amnistía, argumentando que es inconstitucional, viola el derecho europeo y socava los pilares del estado de derecho. Los fiscales destacan que la ley de amnistía es el resultado de razones de conveniencia y oportunidad política, y no de justicia.
En una serie de citas, los fiscales argumentan que la amnistía está motivada por el cumplimiento de acuerdos políticos y no por la justicia. Señalan que la Constitución no autoriza al poder legislativo a invadir las atribuciones del poder judicial. Además, critican que la amnistía se otorga en un contexto político-jurídico que no experimenta la transición de un régimen autocrático a uno democrático.
El borrador, que consta de 160 folios, insiste en que la iniciativa legislativa de la amnistía tiene un impacto relevante en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal, y su aplicación afecta radicalmente a los procesos penales, tanto aquellos que ya han concluido con sentencia firme como los que aún están en trámite.
Los fiscales también critican la arbitrariedad de la amnistía, argumentando que no busca la satisfacción de un principio de justicia o equidad, sino que se basa en un acuerdo entre dos formaciones políticas que obtienen un beneficio recíproco. Advierten que se está ante una ley aprobada para atender una situación singular o excepcional, y que formas delictivas especialmente graves se beneficiarán en clara contravención de los compromisos internacionales asumidos por España.
Además, señalan el deber general de colaboración del Ministerio Fiscal con las Cortes Generales, siempre que no exista un obstáculo legal. Esto es relevante porque el fiscal general del estado argumentó en su respuesta al Senado que el Estatuto orgánico no preveía expresamente que el Consejo Fiscal tenga competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley.
Los fiscales también argumentan que la ley de amnistía es el resultado de un pacto para obtener el apoyo favorable a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, un hecho que califican de «público y notorio» y que ha sido admitido en numerosas y reiteradas declaraciones.
En cuanto a este punto, los fiscales advierten que el principio del pluralismo político implica oír a las minorías y respetar los cauces procedimentales antes de someter a decisión cualquier actuación parlamentaria. Enfatizan que si se trata de una iniciativa legislativa surgida en las propias Cortes, vía proposición de ley, esta debe permitir a los grupos parlamentarios que no la hayan presentado obtener la necesaria información previa para formar su opinión sobre la existencia y contenido de dicha ley.
En resumen, el informe de los fiscales argumenta que la ley de amnistía es inconstitucional, viola los derechos europeos y socava el estado de derecho en España. Además, critican que la ley parece ser el resultado de una conveniencia política y no de un esfuerzo por hacer justicia.