La campaña de la Declaración de la Renta en España, que se lleva a cabo anualmente, está en marcha y se espera que genere más ingresos en las arcas de las administraciones de lo previsto. En esta ocasión, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) será, una vez más, el impuesto central de nuestro modelo fiscal, representando cerca de la mitad de los ingresos tributarios totales.
Este año, la campaña de Renta presenta varios aspectos destacables. En primer lugar, se prevé una buena recaudación, a pesar de la sensible rebaja para las rentas inferiores a 21.000 euros. Esto se debe a la confluencia de dos factores: por un lado, el aumento de salarios en diversos sectores como una medida para compensar los efectos de la inflación y, por otro, la inflación ha favorecido una mayor rentabilidad de depósitos y otros productos de ahorro, lo que se traduce en un aumento de los ingresos fiscales.
Por otra parte, el buen desempeño del mercado laboral, con cerca de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, ha contribuido a un incremento inesperado de nuevos contribuyentes. Este auge en la afiliación a la Seguridad Social ha llevado a un aumento de los ingresos fiscales y ha contribuido a aumentar la recaudación prevista.
Además, la inflación ha acentuado la disparidad fiscal entre las diferentes autonomías. El aumento de los precios no ha llevado al gobierno central a deflactar las tarifas del impuesto, lo que sí han hecho algunas comunidades en su tramo autonómico. Esta situación ha llevado a un aumento de las diferencias en el IRPF entre las distintas comunidades autónomas. Este hecho, junto con la gran divergencia en impuestos como el de patrimonio o sucesiones, pone de manifiesto las inconsistencias del modelo fiscal.
En este sentido, cabe destacar que estas disparidades no se sustentan en una propuesta política diferenciada ni responden al buen hacer de cada comunidad. Más bien, parecen alimentarse de la confusión del modelo de financiación autonómica, de la falta de transparencia y del uso partidista del hecho impositivo.
Uno de los aspectos más preocupantes que se evidencia en la campaña de Renta es que nuestros ingresos tributarios se basan, de manera desproporcionada, en las contribuciones de los asalariados por cuenta ajena. En muchas ocasiones, estos contribuyentes alcanzan límites de tributación difícilmente soportables.
Al mismo tiempo, persisten dos problemas gravísimos que favorecen esta sobrecarga fiscal a las rentas medias: la economía sumergida y la elusión fiscal. En España, y en toda la Unión Europea, persiste un alto grado de economía sumergida, que es difícil de erradicar. Por otro lado, las grandes rentas y patrimonios, así como las corporaciones multinacionales, pueden recurrir con demasiada facilidad a la elusión fiscal.
Estas prácticas, que se realizan dentro de la legalidad, suponen que estos contribuyentes aporten menos de lo que en justicia les correspondería. Esto supone un agravio para el cotizante medio y representa un desafío para el sistema fiscal, ya que se necesitaría de una coordinación europea para abordar este problema, algo que, a la vista del panorama del continente, parece sencillamente inviable.
Por lo tanto, parece que la situación actual obliga a los contribuyentes a seguir pagando y confiando en que la economía pueda soportar la presión fiscal. Sin embargo, es necesario un debate sobre la necesidad de reformar el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y sostenible en el largo plazo.