El consejo de administración de Tubos Reunidos ha acordado iniciar la liquidación de Tubos Reunidos Sociedad Anónima, la sociedad matriz que cotiza en Bolsa. La decisión se adopta después de que ninguna de las propuestas presentadas por inversores dentro del concurso de acreedores haya incluido a esta mercantil en su perímetro.
La compañía comunicó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el procedimiento de liquidación comienza durante esta jornada. La medida no afecta a los activos, los negocios ni la plantilla vinculada a la actividad industrial, que continúa sometida al proceso concursal y a la negociación con los inversores seleccionados.
Los accionistas perderán el valor de sus títulos
La liquidación sí tendrá consecuencias directas para los propietarios de la sociedad cotizada. Tubos Reunidos Sociedad Anónima desaparecerá, cerrará sus oficinas de servicios centrales de Madrid y, en la práctica, dejará sin valor las acciones de sus inversores.
Los títulos afectados suman un valor de 21,73 millones de euros y se reparten entre 174.680.888 acciones. Una vez concluya la liquidación, la empresa dejará de cotizar en los mercados.
Una parte relevante del capital está representada en el consejo de administración, que reúne cerca del 20% del capital cotizado. La familia Zorrilla Lequerica encabeza un acuerdo de concierto con varios accionistas que controla el 10,26%. Le sigue la familia Barandiarán, con otro acuerdo de concertación que alcanza el 6,08%. BBVA cuenta con el 5,21%, mientras que el vicepresidente Emilio Ybarra Aznar representa el 1,53%.
El resto del capital pertenece a pequeños accionistas. La cotización de Tubos Reunidos estaba suspendida desde la declaración de concurso del pasado mayo, cuando cada acción se situaba en 0,1438 euros, tras un prolongado deterioro ligado a las dificultades financieras de la compañía.
Cinco propuestas para las unidades productivas
La actividad industrial de Tubos Reunidos sigue en concurso de acreedores. El administrador concursal, PKF Attest, eligió el pasado viernes las cinco mejores ofertas para continuar las negociaciones.
Entre los inversores seleccionados figuran una propuesta vasca del grupo Sidenor y otra de la compañía india Welspun. A estas se añade una tercera oferta que contempla las instalaciones de Trapagaran, donde trabajan 400 personas, y abre también la posibilidad de incorporar las de Amurrio, con una plantilla de 900 personas, además de la acería.
Condiciones laborales y financiación pendiente
La inclusión de la planta de Amurrio tiene carácter subsidiario en esas tres propuestas, lo que pone de relieve los condicionantes que deben resolverse. Entre ellos se encuentran medidas laborales, dado que las ofertas plantean recortes de empleo y una revisión de las condiciones de trabajo y del convenio.
Estas exigencias también aparecen en las dos propuestas centradas exclusivamente en las instalaciones y el negocio de Trapagaran, en Bizkaia. Por ello, serán determinantes las conversaciones entre los posibles compradores y los sindicatos, que se producen después de un año marcado por una elevada conflictividad.
Antes del concurso, la empresa presentó un ERE con 301 despidos, que derivó en una huelga de tres meses en la planta de Amurrio y provocó un fuerte conflicto y división interna entre la plantilla.
La compañía asegura que las plantas mantendrán su actividad
En un comunicado remitido a la plantilla, Tubos Reunidos ha precisado que la liquidación de la matriz no implica el cierre de las plantas ni modifica la venta de las unidades productivas del grupo. Según la empresa, este proceso continúa para encontrar un comprador que permita preservar la actividad y el mayor número posible de puestos de trabajo.
Las ocho personas empleadas en la matriz que será liquidada conservarán sus contratos, ya que seguirán apoyando el proceso de venta. No obstante, la dirección prevé cerrar la oficina corporativa de Madrid.
Este miércoles, la dirección y la administración concursal se reunirán con los sindicatos para examinar la situación. El proceso gana urgencia porque ninguna de las ofertas incluye financiación interina para sostener la actividad mientras avanza el concurso. La empresa afronta problemas de tesorería para atender pagos a proveedores y nóminas hasta final de año.
Las cinco empresas preseleccionadas continuarán analizando la información junto a la dirección de Tubos Reunidos, los acreedores y las instituciones, con el objetivo de formular ofertas definitivas y vinculantes. La decisión final corresponderá a la magistrada del Juzgado número 7 de Vitoria, María Teresa Trinidad, y al administrador concursal.
Una deuda de 300 millones y el rescate de la SEPI
La compañía acumula una deuda de 300 millones de euros. Dentro de esa carga financiera destaca el rescate de la SEPI, que reclama la devolución de 150 millones de euros y ha rechazado aplicar una quita.
Este rescate está siendo investigado por la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones ilegales a la trama de la exafiliada del PSOE Leire Díez. En esa causa están imputados el actual director general de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras; el expresidente, Francisco Irazusta; y el exconsejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.