El Banco Mundial ha lanzado un programa dedicado a la economía azul, un área de creciente importancia en vista de que aproximadamente el 37% de la población mundial vive en áreas costeras. Más de 3 mil millones de personas dependen directamente del océano para su salud, seguridad alimentaria y empleo. Sin embargo, este equilibrio vital está siendo amenazado por la triple crisis del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación, junto con estructuras de gobernanza oceánica débiles y una planificación dispersa.
La economía azul es un enfoque económico que fomenta la sostenibilidad y la inclusión socioeconómica en las zonas costeras y marinas. Los recursos oceánicos bien gestionados pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático, apoyar la biodiversidad, contribuir a la seguridad alimentaria y crear empleos. El objetivo del Banco Mundial es limitar los impactos de la actividad económica en la salud del océano y contribuir a esta planificación y gestión integrada.
El programa de economía azul, denominado PROBLUE, se nutre de un fondo fiduciario de varios donantes creado hace cinco años centrado en acciones sobre el océano. Proporciona soluciones técnicas, trabajo analítico, capacitación, poder de convocatoria e inversiones financieras necesarias para ayudar a los gobiernos a gestionar de manera sostenible sus recursos oceánicos.
La cartera de la economía azul del Banco Mundial superó los 8.000 millones de dólares en proyectos activos en 2023, y ha otorgado 200 millones en subvenciones. Incluye proyectos en pesca y acuicultura sostenibles, gestión integrada de ecosistemas costeros y marinos, economía circular y gestión de residuos plásticos marinos, turismo costero sostenible, transporte marítimo y energía renovable marina.
El Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible estima que se requieren 147.000 millones de euros al año a nivel global para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. Esta financiación respaldaría la conservación marina y la gestión de áreas protegidas, la gestión sostenible de la pesca, medidas de reducción de la contaminación, esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático, e iniciativas de fortalecimiento de capacidades para las comunidades costeras.
El valor de mercado estimado de los recursos e industria marina y costera es de 2,5 billones de dólares al año, el 3% del PIB global. Asegurar la capacidad del océano para seguir contribuyendo tanto a la economía global como al equilibrio del planeta requerirá miles de millones de dólares en inversiones, gran parte de las cuales deberá provenir del sector privado.
El sector público debe destinar recursos para construir un conjunto de proyectos de la economía azul invertibles que atraigan capital privado, respaldar la reforma de políticas y el fortalecimiento institucional que ayuden a crear el entorno propicio, haciendo que las inversiones sean más atractivas y menos arriesgadas para el sector privado.
Para crear un entorno sin riesgos, debemos contar con tres pilares: métricas que evalúen el potencial de la economía azul a nivel nacional y regional; políticas e instituciones sólidas para construir el entorno propicio para el crecimiento económico, la generación de empleo y océanos saludables; y herramientas de apoyo a la decisión, como políticas, la planificación de los espacios marinos para una gestión integrada y decisiones financieras.
Una de las apuestas es el desarrollo de proyectos de carbono azul, la recuperación de los ecosistemas marinos que son potentes secuestradores de CO₂, albergan gran biodiversidad y protegen las costas. El marco regulatorio será crítico para su desarrollo. Deben generarse condiciones propicias que beneficien a las comunidades locales mientras el sector privado obtiene certeza sobre sus inversiones, con permanencia a lo largo del tiempo.
El Banco Mundial y el fondo PROBLUE abordan las desigualdades en la economía azul expandiendo el acceso a la educación, la capacitación y el financiamiento de grupos subrepresentados como jóvenes y ancianos, pescadores de pequeña escala, pueblos indígenas, y mujeres y niñas. Su conocimiento único, perspectivas y necesidades conducen a una mejor toma de decisiones y respaldan nuevas oportunidades económicas. Por ejemplo, inversiones tecnológicas pueden permitirles hacer crecer negocios relacionados con la gestión de residuos, o mejorar los procesos posteriores a la cosecha, aumentando potencialmente los ingresos de las mujeres.