En un reciente informe publicado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), se reveló que la creciente carga administrativa en el sector del comercio, especialmente en los supermercados, está poniendo en riesgo el modelo de negocio en España. Se reveló que en 2023, se aprobaron o modificaron 1.140 normas que impactan directamente al comercio, lo que equivale a más de 3 normas al día.
Este informe de Asedas, que representa a cadenas de supermercados reconocidas como Aldi, Condis, Consum, Dia, Lidl y Mercadona, subraya uno de los problemas centrales que los trabajadores del campo han estado reivindicando durante los últimos días. Este volumen de normas está muy por debajo de los picos alcanzados en 2020 y 2021, con más de 3.000 y 2.500 respectivamente, aunque estas cifras están infladas por las regulaciones vinculadas a la pandemia de covid.
Sin embargo, si descontamos estos dos años, la tendencia de nuevas normas aprobadas o modificadas desde 2019 es ascendente. En 2019 se aprobaron menos de 500 normas, en torno a 1.000 en 2022, y más de 1.100 el año pasado, lo que representa un aumento del 14%.
Según el análisis de la patronal de los supermercados, casi la mitad de estas normas, 486 en total, son textos legales relacionados con el medioambiente. Las demás se dividen, principalmente, entre cuestiones administrativas vinculadas a la seguridad alimentaria (254) y con la empresa como tal (221).
María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas, en un comunicado, declaró que el comercio y la distribución alimentaria están comprometidos con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena. Sin embargo, la legislación que nos llega desde todas las administraciones, y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución, supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del ‘retail’ español.
Asedas también denunció el Reglamento de Envases y Residuos de Envases que se está negociando actualmente en el ámbito de la Unión Europea y que, según Asedas, tendrá un impacto económico aproximado de 150.000 euros por tienda, solo por la instalación de los equipos. Esto no incluye los costos de personal y logísticos adicionales.
La radiografía concluye que en términos regulatorios, la administración más intensa es la de la Comunidad Autónoma. A continuación, viene la carga administrativa procedente de las instituciones europeas y, por último, la del Estado. Esta carga administrativa, según Asedas, está poniendo en riesgo el modelo de negocio del comercio en España, resaltando la necesidad de una reforma en las regulaciones y la burocracia para garantizar la supervivencia y prosperidad del sector.