En el turbulento panorama económico de España, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) – una entidad creada en 2012 para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorros – ha admitido que no podrá devolver toda su deuda, que desde 2021 se registra como deuda pública del país. La empresa, controlada en más de un 50% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), debe disolverse en 2027 según sus estatutos, y anticipa que una parte de su deuda no será posible devolver. En este caso, será el Tesoro quien tendrá que asumir la devolución de esa deuda, ya que los pasivos de Sareb están avalados por el Estado.

El consejero delegado de Sareb, Leopoldo Puig, hizo estas declaraciones durante la presentación de los resultados de la compañía que cerró 2023 con una pérdida de 2.198 millones de euros, un 45% más que el año anterior. La entidad mantiene pasivos por valor de 29.413 millones de euros, después de haber devuelto préstamos por más de 21.000 millones desde su constitución, aproximadamente el 42% de su deuda inicial.

El negocio central de Sareb se basa en la monetización de los activos que recibió en su constitución, principalmente préstamos e inmuebles. Con el capital que recibe de estas ventas, la empresa repaga los bonos que tiene contraídos con las diferentes entidades financieras. Durante 2023, la compañía amortizó 1.068 millones, con cargo a los resultados del ejercicio.

Según los últimos resultados publicados por Sareb, la empresa tiene un patrimonio neto negativo de 14.646 millones de euros. Esta cifra representa la diferencia entre el precio al que se incluyeron los activos en la empresa y su valor teórico actual. En la práctica, este patrimonio neto es la pérdida que supondrá para las arcas públicas el rescate de las cajas de ahorros y la creación del ‘banco malo’, además de la cuantía de deuda que no podrá devolver y deberá ser asumida por el Tesoro.

Este escenario podría mejorar si los activos de Sareb se revalorizasen en los próximos años. Sin embargo, dado que actualmente se están vendiendo a precios de mercado, esas operaciones se realizan por debajo del valor teórico registrado en la contabilidad de la empresa, incurriendo en más pérdidas y aumentando el patrimonio neto y la capacidad de devolución de la deuda.

La cartera de activos que Sareb tiene ahora en su balance asciende a más de 23.104 millones de euros, con el 62% en inmuebles y el 38% en préstamos. Desde su constitución, la empresa recibió más de 50.700 millones en préstamos, casi el 80% de su balance, y únicamente 11.343 millones en activos inmobiliarios. La cifra de préstamos se ha reducido desde 2012, mientras que la de inmuebles ha aumentado, a medida que estos se han vendido a inversores institucionales o a través de canales minoristas.

En cuanto a los resultados de Sareb en 2023, la empresa registró un incremento del 16% en sus ingresos, que alcanzaron los 2.748 millones de euros. La empresa pública cerró la venta de 36.690 activos inmobiliarios, un 35% más que en el año anterior, de los cuales 10.500 fueron viviendas. El 90% de las viviendas fueron vendidas a ciudadanos particulares y el 10% a diferentes administraciones públicas locales y regionales. Árqura Homes, la promotora de Sareb, entregó 1.620 inmuebles de obra nueva, que supusieron unos ingresos de 394 millones.

«Los primeros meses de 2023 comenzaron con una actividad ligeramente a la baja, fruto de la debilidad del mercado por la subida de los tipos de interés y el inicio del trabajo de nuestros nuevos servicers (Aliseda/Anticipa e Hipoges). Sin embargo, esta mejoró significativamente en el segundo trimestre y, a partir de septiembre, fue aún muy positiva, con más ventas y más ingresos», explicó Leopoldo Puig, durante la presentación del informe anual de la entidad.

En cuanto a la diferencia entre el valor de mercado y venta de los activos y su valoración en balance, esta le provocó a Sareb unas pérdidas de 836 millones. A esta cuantía hay que sumar los intereses de la deuda y los gastos de estructura y personal de Sareb, que elevan el resultado negativo hasta los 2.198 millones de euros.

Desde que el Estado tomó el control de Sareb en 2022, la entidad ha iniciado actividades dentro del ámbito social. Ha firmado 6.300 contratos de alquiler a precios adaptados a la renta de familias en situación de vulnerabilidad, a las cuales se les ha incluido en programas de acompañamiento y de inserción laboral. Esto ha permitido a Sareb recibir de media 2.340 euros por vivienda en alquiler social, que sirven para mantener los activos y sufragar sus gastos.

En paralelo, Sareb está implementando el Plan Viena, un programa de colaboración público-privada con el que pretende levantar entre 10.000 y 15.000 viviendas destinadas al alquiler asequible de la mano de empresas. El presidente de la entidad, Javier Torres, adelantó que ya están preparando la primera fase del programa, que supondrá la construcción de 3.500 viviendas y una inversión de 400 millones de euros.