La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado a las comunidades autónomas que impulsen nuevas medidas para impedir la manipulación de las listas de espera, después de conocerse una denuncia por un supuesto «maquillaje» de datos en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Petición de mayor transparencia y trazabilidad

Según la denuncia, en el centro madrileño se habrían realizado modificaciones en el sistema informático para rebajar la gravedad asignada a pacientes pendientes de una intervención quirúrgica. El objetivo habría sido mejorar artificialmente los indicadores de demora.

«Manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado. Por eso en julio llevamos al Consejo Interterritorial los nuevos criterios de transparencia y trazabilidad del real decreto de listas de espera que no fueron aprobados por las comunidades autónomas, pero que esperemos se haga ahora. Con la salud de los pacientes no se juega», escribió García en la red social X.

La ministra instó a las autonomías a apoyar un nuevo real decreto destinado a adaptar el sistema de información de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud a la realidad asistencial actual. La norma pretende reforzar su utilidad para planificar y evaluar las políticas públicas, además de mejorar la transparencia y la información disponible para la ciudadanía.

La denuncia en el Hospital Ramón y Cajal

De acuerdo con la información publicada por El País, cuatro médicos explicaron que dos responsables del Hospital Ramón y Cajal ordenaron reducir la gravedad de pacientes que aguardaban una operación, sin valorarlos personalmente y sin conocimiento de los cirujanos de traumatología que los habían evaluado.

La finalidad de estos cambios habría sido reducir las listas de espera y cumplir los objetivos de productividad exigidos por la Comunidad de Madrid. Los hechos se habrían producido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025.

Durante ese periodo, 57 pacientes incluidos en las listas de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología pasaron de prioridad preferente —para quienes la intervención debe realizarse en menos de 90 días— a prioridad normal, con un plazo de 180 días. El cambio les habría permitido ganar tiempo para ser operados dentro del plazo establecido.

Críticas de las asociaciones de pacientes

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sostuvo que la manipulación de las listas ocurre «desde hace años» y denunció que esta práctica habitual ha distorsionado «la realidad de los pacientes».

La organización reprochó que las administraciones estén «demasiado preocupadas por maquillar las cifras usando ‘matemáticas alternativas’ y demasiado poco en reducir el tiempo de espera».

Limitaciones del sistema vigente

El Ministerio de Sanidad busca aumentar la transparencia mediante el real decreto. El departamento dirigido por Mónica García señala que más de dos décadas de aplicación del marco actual han puesto de manifiesto limitaciones en el sistema de información sobre las listas de espera.

En concreto, cita dificultades para reflejar adecuadamente la complejidad de los procesos asistenciales, analizar las causas de las demoras, evaluar los flujos de entrada y salida de pacientes y permitir comparaciones homogéneas y sólidas entre comunidades autónomas. Para el Ministerio, el caso del Ramón y Cajal ejemplifica unas malas prácticas que, según la ministra, «ni son nuevas ni están penalizadas».

En la reunión del Consejo Interterritorial celebrada en julio, las comunidades autónomas aplazaron la aprobación del real decreto. Solicitaron un mayor análisis técnico, más tiempo y un consenso más amplio, al considerar que la norma requeriría unificar criterios que hasta ahora se contabilizan de forma distinta según cada comunidad. También pidieron que el texto fuera examinado por la Comisión Delegada del Interterritorial antes de someterlo a votación en el pleno.

Respuesta de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid rechazó tener responsabilidad en las alteraciones de las historias clínicas de los pacientes del Ramón y Cajal y atribuyó las decisiones a «los propios servicios asistenciales» del hospital.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirmó que esos servicios deciden sobre el estado de los pacientes conforme a los criterios clínicos establecidos y a la responsabilidad de los profesionales que participan en su atención, con el respaldo adicional del comité semanal de quirófanos.

El Ejecutivo madrileño remarcó que «ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios».

Por su parte, la Consejería de Sanidad de Madrid aseguró que el Hospital público Ramón y Cajal mantiene su compromiso con la correcta gestión de las listas de espera, la atención adecuada a los pacientes, el cumplimiento de la normativa vigente y el respeto a las garantías aplicables a cualquier procedimiento interno.