En un caso devastador de negligencia médica, la Conselleria de Sanidad ha sido condenada a pagar 46.000 euros a una familia afligida por la muerte de un pariente, que falleció en circunstancias trágicas. El fallo fue emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que condenó a la administración sanitaria por no brindar la atención médica necesaria a la víctima a tiempo.
El doloroso incidente se remonta a hace cinco años y medio, cuando la familia de la víctima realizó una desgarradora llamada al servicio de emergencias describiendo a su ser querido en un estado de salud extremadamente precario. La víctima, un hombre, estaba «con los ojos en blanco, inconsciente y sin apenas respiración», según relataron los familiares a los operadores del número de emergencias 112.
La llamada inicial al 112 se realizó a las 7.16 horas, en la que los familiares de la víctima describieron que tenía dificultad para respirar y que padecía una enfermedad cardíaca, específicamente «tipo angina de pecho». A pesar de la gravedad de la situación y de los riesgos para la vida del paciente, la asistencia médica no llegó con la rapidez necesaria.
Desesperados por la falta de respuesta, los familiares volvieron a llamar al 112 a las 7.28 y a las 7.33 horas, informando en cada ocasión que la condición del hombre estaba empeorando, según la sentencia divulgada por el Defensor del Paciente. También se comunicaron con el SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente) a las 7.34 y a las 7.42 horas, reiterando la gravedad de la situación.
Finalmente, a las 7.42 horas, una dotación de la Policía Local de Valencia llegó al domicilio de la víctima. Los agentes llevaron a cabo maniobras básicas de resucitación hasta la llegada del SAMU seis minutos más tarde. Los profesionales del SAMU lograron estabilizar hemodinámicamente al paciente antes de trasladarlo al Hospital Clínico.
Sin embargo, la lucha por la vida del hombre no había hecho más que comenzar. Una vez en el hospital, el hombre sufrió una bradicardia extrema en la UCI, seguida de una asistolia, y finalmente falleció ese mismo día a la una de la tarde.
En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que la responsabilidad patrimonial de la Administración era evidente debido al retraso en la asistencia domiciliaria. Los jueces señalaron que desde la primera llamada al 112, se detallaron los antecedentes del paciente y su dificultad para respirar, pero no se activó un recurso por parte del SAMU.
Este caso pone de relieve la importancia de una respuesta rápida y eficaz a las llamadas de emergencia, especialmente cuando se trata de pacientes con antecedentes médicos graves. La falta de una respuesta adecuada puede tener consecuencias fatales, como se evidencia trágicamente en este caso. La sentencia es un recordatorio para las autoridades sanitarias de la necesidad de mejorar la coordinación y la rapidez en la respuesta a las emergencias médicas.