Constitución del grupo de trabajo "Infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico"

El Gobierno español está implementando diversas estrategias para proteger sus sectores industriales estratégicos de las inversiones extranjeras, especialmente de países con «ideas no afines» que podrían amenazar la identidad nacional de estas empresas. Este esfuerzo forma parte de una política más amplia de la Unión Europea para fortalecer la autonomía estratégica abierta y las capacidades de producción internas, particularmente en los sectores críticos.

El gobierno está adoptando una nueva política industrial que incluye ciertas dosis de un proteccionismo sin complejos. Un ejemplo reciente es la decisión del gobierno de volver a tener una participación en el capital de Telefónica, 27 años después de su privatización. El rechazo del ministro Oscar Puente a la oferta de compra de Talgo por la firma húngara Magyar Vagon también es un ejemplo de esta política.

La autonomía estratégica abierta tiene como objetivo asegurar que Europa y España puedan mantener su soberanía en decisiones estratégicas sin ser excesivamente vulnerables a presiones externas. Este concepto se refleja en el Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, que advierte del creciente interés de inversores internacionales en las empresas estratégicas nacionales.

Además, el Gobierno ha propuesto medidas para monitorizar y limitar la posesión o el control de empresas extranjeras en compañías europeas de ciertos «sectores estratégicos e infraestructuras críticas». Este esfuerzo se centra en preservar y promover la presencia de empresas extranjeras de países «ideas afines», mientras se trabaja para limitar gradualmente la dominación de aquellos con «ideas no afines», especialmente los países no democráticos.

Para llevar a cabo esta política industrial, el Gobierno está utilizando varias herramientas. Por un lado, está entrando directamente como accionista en empresas consideradas estratégicas para protegerlas de compradores indeseados. Un ejemplo reciente es su aumento de participación en el grupo de tecnología Indra hasta un 28%, tomando efectivamente el control de la empresa. También está haciendo lo mismo con Telefónica, donde ha entrado como accionista con un 5% y aspira a controlar un 10% para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el capital de la empresa.

El Gobierno también ha dejado la puerta entreabierta a una posible entrada directa en el capital de la energética Naturgy y el fabricante ferroviario Talgo frente a los intereses de Emiratos Árabes y el grupo húngaro Magyar Vagon, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos, la entrada directa en el capital de estas empresas no es la primera opción del Gobierno, que busca otras soluciones a través de empresas privadas españolas.

Para realizar estas operaciones, el Gobierno ha recurrido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un holding público dependiente de Hacienda que controla muchas empresas públicas y también tiene participaciones minoritarias en grupos de sectores estratégicos.

Otra herramienta es el llamado ‘escudo antiopas’, que se estableció durante la pandemia para proteger a las empresas de sectores estratégicos y evitar compras indeseadas por parte de inversores extranjeros. Esta legislación específica obliga a los grupos extranjeros a recibir la autorización del Gobierno para tomar participaciones superiores al 10%, y en el caso de las empresas vinculadas directamente al sector de la defensa, ese umbral se reduce al 5%.

El Gobierno también está buscando activamente inversores españoles para lanzar una contraoferta sobre Talgo y frenar la entrada del grupo húngaro Magyar Vagon. El plan es encontrar un socio industrial que lance su propia oferta de compra sobre el fabricante ferroviario y que lo haga con el apoyo de CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa.

El Gobierno también está trabajando para crear una nueva compañía pública, la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), que canalizará las inversiones estatales en el sector tecnológico. La futura SETT tendrá una capacidad inicial de inversión de unos 20.000 millones de euros y se espera que sea una suerte de ‘SEPI digital’.

Otra iniciativa es el Fondo de Coinversión (FOCO), dotado con 2.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU. Este «minifondo soberano» realizará principalmente inversiones de capital en empresas privadas que realicen proyectos de inversión en el territorio nacional, siempre en conjunto con un co-inversor extranjero.

En todos estos esfuerzos, el Gobierno parece contar con la complicidad de Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa. Criteria ha estado aumentando su participación en Telefónica y Naturgy, mientras que el Estado también está aumentando su presencia en estas empresas para contener la posible influencia de Arabia Saudí y Emiratos Árabes, respectivamente.

Por último, el Gobierno está aprovechando el apoyo de la UE para implementar su estrategia de protección de los sectores industriales. La UE ha adoptado una estrategia de «autonomía estratégica» que incluye acciones proactivas y medidas defensivas para proteger la industria europea de la competencia desleal de países que subsidian su producción, como China.

En resumen, el Gobierno español está utilizando una combinación de medidas para proteger sus sectores industriales estratégicos de las inversiones extranjeras, incluyendo la entrada directa como accionista en empresas estratégicas, la implementación de un ‘escudo antiopas’, la búsqueda de inversores españoles, la creación de una nueva compañía pública para canalizar inversiones tecnológicas, la implementación de un minifondo soberano y la colaboración con inversores afines como Criteria. Todo ello bajo el paraguas de la estrategia de autonomía estratégica de la UE.

Por Daniel