Repsol, el gigante español de la energía, ha fortalecido su compromiso con los biocombustibles al cerrar un importante acuerdo con el grupo estadounidense Bunge. Este acuerdo permitirá a Repsol adquirir una participación del 40% en tres plantas industriales en España por un importe fijo de 300 millones de dólares (alrededor de 276 millones de euros). La suma podría aumentar en otros 40 millones de dólares (aproximadamente 37 millones de euros adicionales) si se cumplen ciertas condiciones.
El acuerdo entre Repsol y Bunge marca una alianza estratégica que facilitará el acceso de la empresa española a las materias primas necesarias para alcanzar su objetivo de producir hasta 1,7 millones de toneladas de combustibles renovables en los próximos cuatro años. La entrada de Repsol en estas tres instalaciones, ubicadas en Barcelona, Bilbao y Cartagena, significa un paso significativo en este sentido. Estas instalaciones están dedicadas a la producción de aceites y biocombustibles y se encuentran cerca de los complejos industriales de la empresa. Ambas partes buscarán colaborar en otras oportunidades de negocio en la producción de biocombustibles, generados a partir de residuos agrícolas o urbanos en un proceso de economía circular.
Actualmente, Repsol produce 1,1 millones de toneladas de combustibles renovables al año. Esta capacidad de producción es equivalente al ahorro de emisiones de CO2 de más de 1,7 millones de vehículos eléctricos. La empresa planea aumentar su producción en un 55%, alcanzando 1,7 millones de toneladas en 2027.
Además, Repsol está acelerando el despliegue de combustibles renovables en su red de estaciones de servicio, la más grande de España. La compañía ha incorporado surtidores de combustible renovable en más de 120 estaciones de servicio y tiene como objetivo llegar a 600 para finales de este año y a 1.900 en 2027.
El acuerdo multimillonario de Repsol llega en medio de tensiones con el Gobierno español debido a las críticas de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Repsol ha defendido su estrategia multienergía y la neutralidad tecnológica en el proceso de transición energética. La empresa insiste en utilizar todas las energías para descarbonizar, no solo la generación eléctrica con renovables, sino también los combustibles con bajas emisiones para proteger a los sectores de la gran industria que no pueden utilizar electricidad en sus procesos de producción.
En respuesta a las críticas de Ribera, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, defendió la industria y la necesidad de transformar y mejorar las refinerías para reducir su huella de CO2. Ribera, por su parte, respondió a Imaz argumentando que, si bien es difícil pensar en cerrar refinerías ahora, deberíamos estar preparados para un abandono de los combustibles fósiles para 2040 o 2050.
La demanda presentada por Iberdrola contra Repsol, acusándola de «publicidad engañosa» y «competencia desleal» en lo que se refiere a ‘greenwashing’ (ecopostureo), ha sido otro frente de fricción con Ribera. Tras conocerse la demanda, Ribera pareció inicialmente apoyar a Iberdrola, aunque luego se declaró «absolutamente neutra».
Las tensiones entre Repsol y el Gobierno han sido constantes en los últimos meses. Ribera acusó a Imaz de tener un discurso «negacionista» y «retardista» sobre la descarbonización y el cambio climático, luego de que este criticara la posición de la Unión Europea al respecto en el Foro de Davos.
Repsol ha llegado a amenazar con paralizar inversiones de alrededor de 3.000 millones de euros en España debido a la regulación y la fiscalidad emprendida por el Gobierno, especialmente la aplicación de un nuevo impuesto a las grandes energéticas que grava sus ventas y no sus beneficios. Repsol es la compañía que mayor aportación hace por este nuevo gravamen, tras pagar 443 millones el año pasado y calcular que abonará 350 millones este ejercicio.