El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Supremo la aplicación de la ley de Amnistía y el cierre de la investigación por terrorismo contra él en relación con el caso Tsunami, el cual se refiere a las manifestaciones convocadas por la plataforma tras la sentencia del ‘procés’. Puigdemont argumenta que los hechos investigados no superan el límite de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
El escrito presentado a la magistrada Susana Polo del Tribunal Supremo sostiene que cualquier intento de interpretar los hechos de otra manera sería una criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales. Este argumento ilustra la postura de Puigdemont y su defensa, dirigida por el abogado Gonzalo Boye, de que las acciones investigadas, incluso si hubieran ocurrido, no serían constitutivas de delito alguno.
Este punto de vista se refuerza con el recordatorio de que el Consejo de Europa ya había recomendado la abstención de criminalizar a los manifestantes catalanes. La presentación de las protestas como si fueran actos de terrorismo llevaría a lo que Boye califica como «banalización del propio concepto de terrorismo».
El caso Tsunami y las implicaciones legales
La defensa de Puigdemont también destacó que entre las exclusiones de la ley de Amnistía se encuentran los actos que pueden ser calificados como terrorismo según la directiva europea, o actos que causen intencionalmente violaciones a los derechos humanos. Entre estas violaciones se encuentra el hecho de que «nadie puede ser privado de la vida intencionalmente».
En este sentido, Boye subraya que, a pesar de las especulaciones, la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona durante la primera protesta de la plataforma fue un hecho fortuito y «nunca intencional». También afirmó que la muerte no estaba relacionada con las manifestaciones del Tsunami, sino con las «propias circunstancias y problemas médicos del fallecido», que padecía problemas cardíacos.
En resumen, la defensa de Puigdemont sostiene que no estamos ante ninguna violación grave o manifiesta de los derechos humanos y, por lo tanto, no se aplica su exclusión de la ley de Amnistía. Independientemente de cuán multitudinarias fueran las manifestaciones tras la condena del 1-O, estas se enmarcan en el ejercicio de un derecho.
Por todo lo mencionado, la defensa de Puigdemont pide el sobreseimiento libre para su cliente, sosteniendo que las manifestaciones son justamente eso, una manifestación de un derecho y no un acto de terrorismo.
La Audiencia Nacional ha estado investigando el caso Tsunami durante casi cinco años. Fue en febrero pasado cuando la Sala Penal del Supremo acordó investigar por terrorismo a Puigdemont, entonces eurodiputado, y también al republicano Ruben Wagensberg.
Este caso sigue generando mucha controversia en España y en Cataluña en particular, con opiniones divididas sobre si las acciones de Puigdemont y otros líderes catalanes constituyen un ejercicio legítimo de los derechos de protesta y de libertad de expresión, o si cruzan la línea hacia actos de desobediencia civil que podrían ser considerados delitos, incluyendo el terrorismo.