El exlíder catalán, Carles Puigdemont, ha tomado la ofensiva en su batalla legal con el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Interponiendo una querella contra el magistrado, Puigdemont, junto con su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, y su abogado, Gonzalo Boye, se han centrado en dos supuestos delitos: prevaricación y malversación.
La querella, presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), describe la apertura de una pieza separada por Aguirre como «arbitraria, estrafalaria e injusta». Esta pieza separada investiga la supuesta conexión rusa con el ‘procés’ independentista, y busca imputar a Puigdemont un delito de traición. Dicha acusación no estaría cubierta por la actual Ley de Amnistía.
H2: Querella en marcha: Puigdemont, Alay y Boye toman acciones legales
Los denunciantes buscan como medida cautelar la suspensión temporal del magistrado en la investigación, argumentando que el delito de traición que se atribuye a Puigdemont, Alay y Boye no está incluido en la Ley de Amnistía. Esta querella llega un día después de que se filtraran audios en los que el juez Aguirre presuntamente comenta que la Ley de Amnistía se habría rechazado debido a su intervención.
En su escrito, para justificar la acusación de malversación, los denunciantes sostienen que el magistrado querellado ha utilizado fondos públicos para una finalidad inequívocamente ilegal. Aseguran que la investigación, «cuya instrucción está cerrada (…) está siendo impulsada ilegalmente a costa de fondos públicos».
Añaden que Aguirre ha asignado a los oficiales de la Comisaría General de Información el estatus de policía judicial, generando así «una dinámica de gasto público ilegal, indebida y, por tanto, malversadora».
Por la misma razón, los querellantes alegan que Aguirre está cometiendo prevaricación al continuar con una investigación ya cerrada. Argumentan que no se trata de un simple error de interpretación legislativa, sino de un acto doloso directamente encaminado a perturbar el sistema de recursos y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Además de Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, también ha presentado un recurso de apelación contra la pieza separada abierta por el juez Aguirre. En su escrito, Mas recuerda que es la primera vez que es investigado en diligencias que se abrieron hace más de 8 años.
H2: La defensa de Mas y la acusación de «desaguisado y sudoku procesal»
Mas se refiere a la apertura de piezas separadas por parte de Aguirre como un «desaguisado y sudoku procesal». Además, critica la falta de criterio y de rigor en la apertura de estas piezas, algunas de las cuales llevan años paralizadas.
El recurso presentado por Mas sostiene que el juez ha intentado «salvar el fraude procesal utilizando una pieza ya creada y olvidada» para abrir una segunda pieza. Respecto al supuesto delito de traición, el recurso de Mas señala que el juez instructor «no sabe muy bien en qué delito encuadrar los presuntos hechos que investiga», por lo que no se debería haber iniciado ninguna investigación.
En lo que respecta a la malversación, Mas argumenta en su escrito que «no se dedica ni una sola línea a explicar qué activos patrimoniales públicos habría tenido a su cargo en el momento de los hechos investigados». Mas, que abandonó su condición de autoridad en enero de 2016, cuando renunció tanto a la presidencia de la Generalitat como a su escaño como diputado, plantea también esta cuestión.
En última instancia, este caso pone de manifiesto las tensiones continuas y las complicaciones legales que rodean el ‘procés’ independentista catalán y sus consecuencias. Las acciones legales de Puigdemont, Alay, Boye y Mas subrayan su determinación de luchar contra lo que perciben como injusticias y abusos de poder en este proceso.