El sector agrícola español se encuentra en un estado de agitación, siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos al tomar las calles en protesta. La causa de esta efervescencia está enraizada en una serie de problemas que enfrentan los agricultores y ganaderos, desde el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria hasta la competencia desleal de las importaciones.
La ley de la cadena alimentaria, que se aprobó en diciembre de 2021, tenía como objetivo valorizar la actividad agrícola y garantizar unos precios que permitieran a los productores cubrir sus costes de producción. Sin embargo, los agricultores sostienen que las autoridades están incumpliendo sistemáticamente esta ley. El sindicato Unió de Pagesos (UP) argumenta que el Ministerio debería establecer criterios claros para determinar estos costes de producción y asegurar que los precios de origen les permitan ganarse la vida. Los productores también demandan que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) realice inspecciones oficiales para abordar los precios anormalmente bajos de productos como el limón.
Otra fuente de fricción es el sistema de apoyo al gasóleo de uso agrícola. Los agricultores exigen un sistema de descuentos más directo y ágil, en el lugar de abastecimiento, en lugar de la actual desgravación de impuestos al final del año. Esta petición surge a raíz del incremento de los costes de ciertos insumos, para los cuales el Gobierno estableció una reducción de un 35% en la adquisición de gasóleo agrícola y un 15% en el precio de adquisición de fertilizantes.
La competencia desleal de las importaciones también es motivo de protesta. Los agricultores denuncian que las importaciones de productos agrícolas de terceros países a bajo precio están presionando a la baja los precios en España. Argumentan que estas producciones extracomunitarias no cumplen las normas internas de la UE, lo que representa una contradicción en la política europea y amenaza la viabilidad de miles de explotaciones en el país. Algunos de los países que más amenazan a la agricultura española incluyen a Marruecos, que tiene un trato preferente en Europa. Los agricultores exigen un aumento de los controles en la frontera marroquí y solicitan una revisión o no renovación de acuerdos con grandes competidores como Nueva Zelanda, Chile, México, Kenia e India.
Las protestas también se centran en el impacto de la sequía en la agricultura, con demandas de medidas compensatorias para hacer frente a esta situación. En Catalunya, Unió de Pagesos exige el pago de las ayudas comprometidas por la sequía del año pasado en el sector de cereales y herbáceos. En Andalucía, los productores reclaman mejoras urgentes en las infraestructuras hidráulicas, dada la restricción del 50% del agua que afecta a las provincias como Huelva.
Además, los agricultores demandan una reforma del seguro agrario para adaptarlo a las nuevas condiciones creadas por el cambio climático. Solicitan un presupuesto reforzado para los seguros agrarios para hacer frente a las sequías y fenómenos meteorológicos adversos cada vez más intensos y recurrentes.
Finalmente, los agricultores exigen una flexibilización y simplificación de la Política Agraria Común (PAC), argumentando que la excesiva burocracia está generando costes inasumibles y dificulta el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Esto incluye la demanda de una moratoria indefinida para la implementación del cuaderno digital de explotación, una herramienta que, aunque es muy apreciada por el Ministerio, los agricultores consideran onerosa.
En respuesta a las protestas, la Comisión Europea ha ofrecido alivio a los agricultores franceses mediante la derogación de las normas de la PAC que obligan a mantener determinadas tierras en barbecho. Sin embargo, esta medida no es una prioridad para los agricultores españoles. La Comisión también ha propuesto limitar el libre comercio con Ucrania y revisar el tratado de libre comercio con Mercosur para aliviar a los agricultores de la competencia. Esta última medida presenta ventajas y desventajas para los productores españoles, ya que podría dificultar la exportación de ciertos productos, pero a su vez, garantizaría una mayor protección para otros sectores como la ganadería y los cítricos.