En el paisaje de la economía de combustibles, las gasolineras de bajo coste han sido un regalo para muchos conductores. Sin embargo, detrás de los precios bajos, a menudo se esconde una trama de fraude y evasión fiscal. Un ejemplo notable es la reciente clausura de la gasolinera Enerxat en Xàtiva, Valencia, una estación de repostaje que hasta hace poco presumía de tener uno de los precios de diesel más asequibles de España.
Según el último informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Enerxat se situaba en el octavo puesto del ranking nacional de los precios más bajos. Vendía el gasóleo a una media de 1,298 euros el litro, casi un 8 % más barato que el promedio del resto de negocios del sector en la capital de la Costera.
En un giro de los acontecimientos, la estación de servicio ahora se encuentra precintada y fuera de uso. Esta acción es el resultado de una operación conjunta desplegada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos especiales de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, con la participación de la Fiscalía del área de Gandia. La clausura y embargo de la gasolinera se llevaron a cabo el pasado 26 de marzo, en el marco de una investigación por un presunto fraude fiscal en la venta de hidrocarburos.
Este suceso tuvo lugar apenas dos días antes de que entrara en vigor la reforma legal promovida por el Gobierno para poner coto a las prácticas ilegales de los operadores ‘low cost’. Estos actores a menudo venden a precios anormalmente bajos, por debajo de los costes mínimos generales, aprovechándose de complejos entramados societarios para eludir el pago correspondiente al 21 % de IVA.
El nuevo mecanismo de control activado por el Gobierno, que limita los intermediarios que pueden participar en la comercialización de combustible, se aprobó en diciembre. Desde entonces hasta su efectiva puesta en marcha hace un mes, se constató un gran aumento de las maniobras defraudatorias por el impago de impuestos en un millar de gasolineras españolas que vendían a pérdidas. Hacienda puso la lupa en todas ellas tras cifrar en 700 millones de euros el agujero generado a las arcas públicas.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que agrupa a gigantes del sector como Beallenoil o Petroprix, denunció las prácticas anticompetitivas desarrolladas por gasolineras como la de Xàtiva y reclamó la actuación inmediata de las autoridades.
El fraude se inicia cuando la distribuidora simula realizar ventas de hidrocarburos a sociedades propias creadas para esquivar el IVA. Estas sociedades, antes de desaparecer sin dejar rastro, venden el producto a la gasolinera a muy bajo precio gracias al margen que tienen por el hecho de no soportar el IVA. Los puntos de repostaje se benefician del engaño y con sus chollos practican una competencia desleal perjudicial para el resto de estaciones. Según la Agencia Tributaria, las responsabilidades para sus dueños pueden ser penales.
En Xàtiva, esta competencia feroz es evidente. En 2019, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat archivó una denuncia de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) contra otra gasolinera de la ciudad cercana a la clausurada por posibles indicios de «conductas desleales, prácticas engañosas y ventas a pérdidas» que, según la entidad, había generado pérdidas superiores al 50% para otros establecimientos del ámbito de influencia.
Por otra parte, en 2021, fue descubierto un entramado delictivo que defraudó 23 millones de IVA en la compraventa de hidrocarburos y que blanqueó dinero en Xàtiva a través de la compra del solar de una estación de servicio con precios muy asequibles con el objetivo de intentar monopolizar el sector. Una veintena de implicados en la trama fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas que suman 30 años de cárcel, junto al pago de una indemnización de 23 millones de euros a la Agencia Tributaria por el dinero defraudado entre 2015 y 2016.
Estos casos ilustran la complejidad y la gravedad del fraude fiscal en la venta de hidrocarburos en España. A medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos para combatir estas prácticas ilegales, es crucial que los consumidores estén atentos a las señales de posibles irregularidades.