La Operación Pokémon: Una Década de Investigación, Cientos de Imputados y Pocas Condenas
Hace poco más de diez años, una jueza de Lugo, Pilar de Lara, decidió investigar a varios ayuntamientos gallegos, diputaciones e incluso una esquina de la Xunta de Galicia. Con el apoyo de la opinión pública, De Lara ordenó cientos de registros, interceptó decenas de llamadas telefónicas y acumuló casi medio millar de imputados, entre ellos, importantes alcaldes e incluso un presidente de la diputación. Sin embargo, la mayoría de los archivos del colosal sumario de la Operación Pokémon acabaron olvidados sin que la mayoría de las investigaciones llegaran a juicio.
Entre las pocas causas que sí llegaron a juicio está la principal, que se cerró recientemente con penas mínimas. Aunque De Lara fue sancionada por su «falta de rigor», el daño ya estaba hecho, causando un daño irreparable a decenas de inocentes y arruinando carreras políticas.
Francisco Rodríguez, alcalde de Orense entre 2007 y 2012, es uno de los afectados. Estuvo imputado durante ocho años por supuesto tráfico de influencias, se vio obligado a dimitir y su caso acabó en la papelera sin llegar a juicio. «Lo arrestaron, lo llevaron esposado al juzgado, sufrió una especie de ictus y todo acabó en nada», lamenta su abogado, Gerardo Viada.
De la Operación Carioca a la Operación Pokémon
Todo comenzó hace más de una década con la Operación Carioca, una causa contra la explotación sexual de mujeres en varios burdeles de la provincia de Lugo en complicidad con guardias civiles. De Lara, entonces a cargo de la Operación Carioca, decidió abrir un nuevo frente e investigar una supuesta trama de corrupción en torno a Vendex, un grupo empresarial que prestaba servicios a decenas de ayuntamientos gallegos y del resto de España.
En septiembre de 2012, Galicia despertó conmocionada. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) llevaron a cabo una serie de detenciones, incluyendo la del alcalde de Orense, la del alcalde de Boqueixón, varios responsables del grupo Vendex y el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares. Esta fue la antesala de lo que se convertiría en una macrocausa ingobernable que acumuló más de 450 investigados.
A pesar de la magnitud de la causa, De Lara, respaldada por una opinión pública que la veía como una valiente combatiente contra la corrupción política, acumuló imputaciones, interceptaciones telefónicas, seguimientos y registros. «Tenía una gran popularidad de una parte de la gente que más que justicia buscaba echar a los políticos a los leones», consideran fuentes jurídicas cercanas al caso.
Una Macrocausa Inmanejable
Una causa de tal envergadura era ingobernable. Sin embargo, varias fuentes jurídicas consultadas no culpan exclusivamente a la exjueza de Lugo. «Esa gran popularidad y aceptación social condicionó también a las Audiencias Provinciales a la hora de resolver los recursos que los investigados presentaban contra sus resoluciones. Y tampoco la Fiscalía al principio hizo un control riguroso de las causas. Si hubieran recurrido junto a los acusados, eso hubiera llamado la atención de las audiencias», explican estas fuentes.
En 2021, casi una década después del estallido de la Operación Pokémon, y con De Lara ya fuera de juego, su sustituto en el juzgado de Lugo dividió el sumario principal de Pokémon en una treintena de piezas separadas. Aún así, los problemas para las defensas continuaron. «Tuvimos que emprender una peregrinación de juzgado en juzgado por si teníamos alguna causa allí. No se nos notificó nada», lamenta Esteban Rico, letrado de varios imputados.
Un Calvario Injustificado
Con todo, lo más grave fue la indefensión: muchos estuvieron imputados durante años y sus investigaciones se archivaron luego sin llegar a juicio. Le sucedió, por ejemplo, al actual líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, investigado por su etapa como presidente de la Diputación de Lugo, que en 2016 se vio obligado a apartarse de la primera línea política cuando ya lideraba el partido.
El socialista José López Orozco, exalcalde de Lugo durante casi 16 años, tuvo que abandonar su carrera política debido a su imputación en la Operación Pokémon. «Fue una barbaridad, sabiendo que había informes de los fiscales que decían que no había nada. Nos hizo sufrir lo indecible a mí, a mi familia y a mis amigos, y arruinó mi carrera política», dice el exalcalde, ya jubilado.
Hoy, De Lara observa el desenlace de la Operación Pokémon desde un juzgado de Ponferrada, donde se dedica a la defensa de los derechos de los animales.