Cambios en la Normativa de Planes de Pensiones: Un Reto para las Empresas
El pasado lunes, ABC publicó un informe que destaca cómo el Gobierno está implementando castigos a las empresas que tienen planes de empleo para sus trabajadores. Según la legislación anterior, se permitía un plazo de dos años sin aportaciones desde la incorporación a la empresa. Sin embargo, la nueva normativa reduce drásticamente ese plazo a solo un mes. Este cambio ha generado un entorno jurídico caótico, con una ley que dicta una cosa, un reglamento que puntualiza otra, y consultas a Seguros y a la Seguridad Social que, según muchos juristas, no reflejan lo estipulado por la ley.
Este escenario no favorece a las empresas que ofrecen planes de pensiones a sus empleados, una herramienta de salario diferido que puede ser beneficiosa para complementar la pensión pública. En lugar de incentivar a más empresas a adoptar estos planes, la nueva normativa parece poner más barreras en el camino.
He sido siempre una defensora de los planes de pensiones en las empresas. Estos representan una forma efectiva de asegurar que todos los trabajadores, no solo aquellos con salarios más altos, puedan ahorrar para su jubilación. Sin la aportación de la empresa, es difícil que los trabajadores con sueldos bajos puedan contribuir a estos planes. Por lo tanto, estos planes son una forma de democratizar las pensiones complementarias, algo común en la mayoría de nuestros países vecinos.
La Necesidad de un Cambio en la Actitud hacia los Planes de Pensiones de Empleo
Desafortunadamente, en España estos planes aún no han despegado. Los sindicatos en muchos casos no están convencidos de sus beneficios, y las empresas no reciben suficientes incentivos para optar por esta alternativa a las subidas salariales. Es difícil convencer a los trabajadores jóvenes, y por ende a sus representantes sindicales, de que parte de las subidas salariales se destinen a este ahorro para la jubilación. La precariedad de los salarios de los jóvenes en nuestro país desde la gran recesión de 2008 solo ha exacerbado este problema.
Es necesario fomentar una mayor cultura financiera e incentivar que sea más rentable destinar parte del sueldo a este ahorro para la jubilación, que una subida salarial al uso. Aunque no se tributa por este ahorro en el momento de la aportación, el tratamiento fiscal del rescate está fiscalmente muy penalizado. Hasta el año 2006, se podía obtener una reducción del 40% si se rescataba en forma de capital. Sin embargo, esta deducción fue eliminada, y no se ha introducido ninguna deducción para su rescate en forma de renta. Como resultado, el ahorro en planes de pensiones es el que más paga, ya que tributa todo como rentas del trabajo, y puedes llegar a pagar hasta el 30 o el 40% dependiendo de la pensión pública que tengas.
En un momento en el que el Gobierno afirma querer incentivar a empresas y autónomos a crear planes de pensiones, el Estado lleva desde 2011 sin aportar un solo euro al plan de pensiones de sus funcionarios. Una aportación gubernamental a estos planes sería un paso en la dirección correcta. Además, se deben utilizar las buenas relaciones con los sindicatos para incluir los planes de empleo en la negociación de todos los convenios colectivos. Y, por último, se deben dar más incentivos a las empresas para que estos planes sean atractivos para ellas.
La introducción de deducciones al rescate en forma de renta es un asunto pendiente. De esta manera, se podría incentivar a los trabajadores a ahorrar para la jubilación y a las empresas a ofrecer estos planes. La nueva normativa plantea desafíos, pero también abre oportunidades para un enfoque renovado en la planificación de la jubilación.