El 17 de marzo, medio centenar de municipios en España se movilizarán para luchar por las vías pecuarias y los caminos públicos, en un esfuerzo para combatir la privatización progresiva o usurpación que sufren muchas de estas vías. Estas movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y otros colectivos, con el propósito de “concienciar sobre la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos, y la necesidad de su catalogación, defensa y conservación”, según un comunicado emitido por la plataforma.
Las acciones tomarán la forma de excursiones, caminatas, concentraciones y actos divulgativos, en los que se leerá un manifiesto en el que los colectivos exigen a las administraciones que “garanticen el uso público sostenible social y ambiental frente a usurpaciones del dominio público viario y las actuaciones que solo buscan un uso privativo excluyente”.
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Ecologistas en Acción, reclaman que “no se permita ni se conceda el derecho a la caza en las vías y caminos de uso público, senderos y vías pecuarias, como se está tramitando por parte del Gobierno de Castilla La Mancha”.
Estos grupos argumentan que las vías y caminos de dominio público son zonas no cinegéticas, zonas de seguridad, en las que no está permitida la caza para garantizar su uso público y seguro. «En ningún caso se puede conceder el derecho a la caza en estos espacios fuera de los supuestos excepcionales ya previstos, dado que resulta abusivo que esta actividad que apenas practica un 1% de la población, según datos estadísticos, haga un uso excluyente y privativo del 80% de territorio y pretenda además utilizar espacios públicos de uso público como el patrimonio caminero», añaden.
En un contexto en el que los ayuntamientos no hacen inventarios de caminos, cientos de organizaciones defensoras de los caminos públicos y las vías pecuarias, conservacionistas, senderistas, ciclistas, asociaciones de vecinos e incluso administraciones, participarán de esta jornada reivindicativa que en 2024 alcanza su cuarta edición.
Estos colectivos señalan las situaciones de usurpación y abandono de las vías pecuarias, de competencia de las comunidades autónomas, y de los caminos públicos municipales o vecinales, de titularidad municipal, y recuerdan la obligación de las administraciones de garantizar el libre tránsito y el mantenimiento en óptimas condiciones de este patrimonio.
Las vías pecuarias discurren a lo largo de unos 125.000 kilómetros por la geografía española y ocupan unas 450.000 hectáreas, el 1% del territorio. Con sus infraestructuras anejas, como abrevaderos, descansaderos, majadas, están destinadas de forma prioritaria a su uso ganadero. Juegan también un papel importante como corredores ecológicos para conectar entre sí áreas de gran importancia para la biodiversidad, “especialmente en zonas tensionadas por macroplantas de energía fotovoltaica o desarrollos industriales y urbanísticos”.
Estas entidades también reclaman al Gobierno central que actualice la regulación hipotecaria para impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de bienes de dominio público, endureciendo además el régimen sancionador de la usurpación, para que la apropiación indebida de lo que es de todos deje de ser gratis.
Por último, plantean que se establezca una normativa para que los responsables públicos cumplan sus obligaciones respecto a estos bienes públicos, “acabando con la dejación de funciones que hace que las autoridades obvien el cumplimiento de la legislación y la obligación de perseguir atentados contra el patrimonio caminero y usurpaciones”.