Los principales sindicatos médicos han decidido aplazar la huelga indefinida prevista a partir del 28 de octubre, tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Las organizaciones entienden que el actual proyecto de Estatuto Marco, origen de la movilización, decae con el nuevo escenario político.

La decisión ha sido comunicada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y la Unión Médica y Facultativa (UMYF). No obstante, han advertido de que volverán a convocar paros si el Ejecutivo surgido de las urnas no atiende sus demandas.

Sin interlocutor para negociar hasta la formación de un nuevo Gobierno

Según sostienen las centrales sindicales, el proyecto actual de Estatuto Marco deja de tener vigencia y, hasta que se constituya un nuevo Gobierno, no habrá un interlocutor con capacidad para negociar una regulación propia para médicos y facultativos.

Los sindicatos consideran que mantener una huelga indefinida en estas circunstancias supondría pedir un esfuerzo muy elevado al colectivo sin que exista una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos.

También dan por concluida la iniciativa legislativa promovida por el Ministerio de Sanidad, que había enfrentado a la ministra Mónica García con los profesionales médicos. A su juicio, la disolución de las Cortes paraliza la tramitación de los proyectos legislativos en curso y anula formalmente los plazos, negociaciones y documentos vinculados a esta propuesta. Si la nueva Cámara quisiera recuperarla, tendría que comenzar de nuevo su tramitación.

Las organizaciones califican este desenlace como un éxito para los convocantes y para el conjunto de médicos y facultativos. Consideran que la presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que, según denuncian, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del ámbito daban prácticamente por aprobada desde hacía un año y medio.

La movilización podría reanudarse tras los comicios

Pese a retirar por ahora la convocatoria, los representantes médicos subrayan que se trata únicamente de una tregua. Han anunciado que retomarán los paros si el Gobierno resultante de las elecciones no ofrece una respuesta satisfactoria a sus exigencias.

Asimismo, reclaman que todos los partidos incorporen en sus programas una posición clara sobre el Estatuto Marco. Los sindicatos defienden que tanto la ciudadanía como los profesionales deben conocer las propuestas de cada formación ante lo que describen como el mayor conflicto médico de la historia de la democracia.

Principales reivindicaciones de los facultativos

Los sindicatos insisten en que el conflicto sigue abierto y mantienen intactos los objetivos que motivaron las movilizaciones: un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de las guardias obligatorias que consideran una forma de explotación, una jubilación ajustada a la carga laboral y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo.

Hace un año y medio, los médicos iniciaron su oposición al proyecto de Estatuto Marco impulsado por Mónica García. Desde entonces, han convocado 32 jornadas de huelga, que han provocado la suspensión de cientos de miles de consultas externas, pruebas diagnósticas y operaciones. Estas incidencias han repercutido directamente en el aumento de las listas de espera.

Un conflicto entre Sanidad, comunidades y sindicatos

La disputa en torno al Estatuto Marco entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los sindicatos médicos ha centrado buena parte de la segunda mitad de la legislatura.

Tras el rechazo de los sindicatos profesionales más críticos, el departamento dirigido por Mónica García alcanzó en enero de este año un acuerdo con CC OO, UGT, CSIF y Satse, sindicato representante de la enfermería. El pacto contemplaba establecer por ley la jornada de 35 horas, reconocer el tiempo de solape entre turnos y reducir progresivamente las guardias de 24 horas a 17 horas.

Posteriormente, el Ministerio trasladó la responsabilidad a las comunidades autónomas, competentes en materia sanitaria. Sin embargo, estas rechazaron debatir las medidas en el Consejo Interterritorial del pasado 10 de junio. Argumentaron que no disponían de la financiación necesaria para contratar al personal que permitiría eliminar las guardias de 24 horas y señalaron, además, que no existen suficientes médicos en España para cubrir los turnos previstos.

Por su parte, los sindicatos médicos que ahora suspenden la huelga también rechazaban el texto al considerar que mantiene la sobrecarga de trabajo, no reconoce las particularidades de la profesión y consolida la precariedad laboral del sector.