La crisis de la vivienda en Portugal se ha trasladado de los hogares a las calles y, en los últimos días, ha derivado también en enfrentamientos con la Policía. Los intentos de desalojo de las acampadas instaladas en Lisboa y Oporto durante la madrugada del domingo dejaron entre 80 y 100 heridos, según los distintos balances difundidos, además de 13 detenidos.

La Policía de Seguridad Pública (PSP) confirmó que 13 agentes sufrieron heridas. Por su parte, el Instituto Nacional de Emergencia Médica atendió a 25 personas en las dos ciudades, todas con lesiones leves, de acuerdo con la información recogida por medios portugueses.

La intervención policial intensifica el conflicto

Esta operación, la tercera actuación policial de gran alcance contra los campamentos en apenas unas semanas, ha acentuado un conflicto que ya va más allá de las demandas de los colectivos por la vivienda. Miles de personas volvieron a reunirse en las plazas que habían sido desalojadas.

El presidente de la República, António José Seguro, solicitó explicaciones sobre la actuación de la Policía y se puso en contacto con representantes de las acampadas. La secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, también ha expresado su disposición a reunirse con los movimientos, aunque por ahora no se ha fijado una fecha.

Una protesta autorizada hasta el 24 de noviembre

Renata Cambra, participante en la acampada del Rossio, presentó una demanda para poder manifestarse después de las 00:30 horas. Una jueza admitió su petición, por lo que la movilización podrá mantenerse durante la noche hasta el 24 de noviembre, día previsto para la votación final de los Presupuestos del Estado.

La resolución determina que los agentes únicamente podrán ordenar el desalojo si se aprecia un peligro objetivo o si se vulneran las condiciones establecidas.

De Oporto a Lisboa: las acampadas se extienden

Las movilizaciones arrancaron en Oporto el 10 de octubre, cuando varias personas instalaron tiendas de campaña en la plaza de Dom João I para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda. Más tarde, la iniciativa llegó a Lisboa con una acampada en la plaza del Rossio y se propagó a otros puntos del país.

Las concentraciones, impulsadas en gran medida por jóvenes, han reunido a miles de personas. En ellas se han recuperado símbolos de la Revolución de 1974, entre ellos los claveles rojos y la canción Grândola, Vila Morena. Algunos de los carteles muestran el lema «Repetimos abril se for preciso», cuya traducción es «Repetiremos abril si es necesario».

Portugal, el país de la UE donde más se encareció la vivienda

Tras las acampadas hay una problemática que se ha agravado durante años. Según Eurostat, Portugal es el país de la Unión Europea en el que más aumentó el precio de la vivienda: los inmuebles se encarecieron un 180% entre 2015 y el final de 2025, frente a una media comunitaria del 64,9%.

La adquisición de una vivienda ha pasado a ser inasumible para numerosos hogares, mientras los alquileres han seguido una evolución parecida. En Lisboa, un piso de tamaño medio puede llegar a costar 1.200 euros mensuales, una cifra superior al salario mínimo, situado por debajo de los 1.000 euros.

Menos construcción y más presión sobre el mercado

La situación responde a varios factores. La crisis financiera de 2008 afectó con fuerza a la construcción y redujo la capacidad para levantar nuevas viviendas. Posteriormente, la pandemia aceleró la llegada de turistas, nómadas digitales y residentes extranjeros con mayor capacidad adquisitiva.

Al mismo tiempo, la inversión inmobiliaria y los alojamientos turísticos han incrementado la presión sobre un mercado con una oferta insuficiente. Según los datos citados en el debate sobre esta crisis, la construcción actual apenas cubriría un tercio de la demanda. Como consecuencia, un número creciente de trabajadores, jóvenes y familias encuentra dificultades para permanecer en las ciudades donde estudia o trabaja.

Rechazo a la reforma del alquiler de Luís Montenegro

Las protestas también cuestionan la reforma del alquiler promovida por el Gobierno de Luís Montenegro. Los manifestantes creen que la propuesta, que plantea flexibilizar las condiciones de los contratos y facilitar los desahucios, reduce la protección de los inquilinos y favorece a los propietarios.

Los colectivos exigen la retirada de la reforma, la ampliación del parque público de vivienda y el establecimiento de límites a las rentas. El Ejecutivo sostiene que sus medidas permitirán incrementar la oferta y ofrecer más seguridad a los propietarios. Aunque no descarta modificar el texto, Montenegro ha rechazado retirar la reforma.

La respuesta policial ha añadido una nueva dimensión a las movilizaciones. Las imágenes de cargas con porras y perros antidisturbios han suscitado críticas incluso en el ámbito político y han llevado a sectores de la clase media a incorporarse a las protestas en defensa del derecho de manifestación.

Mientras el Gobierno plantea el diálogo, los colectivos mantienen sus reivindicaciones y preparan nuevas convocatorias. La plataforma Casa para Viver, que reúne a cerca de una treintena de asociaciones, ha anunciado una nueva marcha nacional para el 14 de noviembre.