Como resultado de las irregularidades detectadas, AEMEC impugnará la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras. Esta normativa -que tenía sentido en la época de la pandemia y que ha perdido su razón de ser– supone un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones», ha explicado la Asociación en un comunicado.
AEMEC también ha afirmado que está valorando recurrir la citada normativa no solo ante los tribunales españoles, sino también ante la jurisdicción comunitaria, y denuncian una situación de «evidente indefensión». Así, AEMEC ha anunciado que iniciará las «acciones que correspondan» tanto en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y la penal, para «resarcir los daños que se produzcan» a los más de 8.000 accionistas de Talgo.
La Asociación ha explicado que el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización «cuando las inversiones afecten a la salud, seguridad y orden público». Según la asociación de minoristas, el objeto social de Talgo «nada tiene que ver» con las anteriores materias por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el Ejecutivo «no se ajusta a la Ley, pues no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la OPA».
«El desarrollo de la aprobación de la OPA, con un procedimiento de inversión directa extranjera en España que fue iniciado hace seis meses, ha perjudicado a los accionistas de Talgo, que ven como la incertidumbre sobre el futuro de la sociedad afecta a sus grupos de interés. Esto incluye a entidades financiadoras, clientes en la ejecución de la cartera de proyectos y nuevos posibles clientes, así como proveedores», ha añadido AEMEC.
Asimismo, la Asociación ha anunciado que recurrirá «cualquier decisión» del Consejo de Ministros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Junta de Inversiones Exteriores que impida a los accionistas «ejercer su legítimo derecho de venta en un proceso de oferta y que no se ajuste a la Ley o que resulte arbitrario, injusto u obedezca a razones políticas o ideológicas, recordando que las decisiones de las administraciones públicas no pueden resultar arbitrarias, tal como establece la propia Constitución Española».
«En el interés social de la compañía, la única oferta real existente debe ser valorada por los accionistas de Talgo. De esta forma, una OPA admitida a trámite por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que cuenta con un aval bancario, habiendo recibido el apoyo del consejo de administración y los bancos financiadores de la sociedad, no debe ser hurtada a los más de 8.000 accionistas de Talgo«, ha sentenciado la Asociación.
Reuniones clave para desbloquear la OPA sobre Talgo
Recientemente, el Gobierno de España mantuvo reuniones con directivos de Magyar Vagon para intentar desatascar la OPA sobre Talgo. La semana pasada directivos de Renfe, del Ministerio de Transportes y de Talgo viajaron a Hungría. En este viaje aprovecharon también para conocer de primera mano los detalles del proyecto húngaro y visitar las fábricas de DJJ.
Cabe recordar que Talgo rechazó la oferta de Skoda, basada en una «integración industrial y combinación de negocio». «Teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, empleados y demás grupos de interés de Talgo, el Consejo de Administración considera que, en este momento, no es el momento adecuado para explorar posibles alternativas distintas a una oferta pública de adquisición competitiva que garantice los recursos financieros e industriales que permitan a Talgo afrontar sus retos presentes y futuros», indicó la compañía española en una carta remitida a la empresa checa.
En el contexto de la inversión extranjera directa y la liberalización de mercados, la situación de Talgo refleja una problemática mayor que afecta a múltiples sectores y a los mecanismos de control gubernamental sobre las operaciones de adquisición. La incertidumbre regulatoria y las decisiones administrativas que pueden considerarse arbitrarias o injustas, especialmente en un entorno post-pandemia, generan un clima adverso para las inversiones extranjeras. Los accionistas de Talgo, una empresa clave en el sector ferroviario, se encuentran en un estado de indefensión ante la imposibilidad de monetizar sus inversiones de forma adecuada.
La normativa vigente que permite la suspensión de inversiones extranjeras, aunque inicialmente pensada para proteger la salud, seguridad y orden público, parece estar generando efectos secundarios no deseados. AEMEC argumenta que el caso de Talgo no encaja dentro de las categorías previstas por la ley, lo cual subraya la necesidad de una revisión crítica de la normativa. ¿Hasta qué punto deberían las decisiones gubernamentales intervenir en el libre mercado y la competencia?
Para más información sobre la normativa de inversiones exteriores, visita la página oficial del BOE.