Informe de los letrados del Congreso sobre el conflicto institucional con el Senado por la ley de amnistía
En un contexto de rápida reacción, los letrados del Congreso han preparado un informe que aborda el conflicto institucional planteado por el Senado a raíz de la ley de amnistía. Este informe, elaborado con una celeridad sorprendente, no reconoce la existencia de un choque inédito entre las dos cámaras legislativas. En cambio, los servicios jurídicos de la Cámara Baja tachan este conflicto de «improcedente» y exigen que se inste a la Cámara Alta a tramitar con normalidad el olvido legal del ‘procés’.
Las fuentes cercanas a la Mesa sugerían ritmos diferentes hace unos días, por lo que no se esperaba una respuesta de los servicios jurídicos del Congreso hasta la sesión de la próxima semana. Con este cambio de escenario, los miembros del órgano rector de la Cámara Baja podrían debatir y votar ya este martes qué respuesta dar al Senado, una vez conocido el criterio de los letrados que lidera Fernando Galindo, el letrado mayor que fue nombrado antes de la calificación de la ley de amnistía y que procede directo de un puesto en el Gobierno.
Desde el PSOE, ya habían descartado entrar en el cuerpo a cuerpo con el PP, que con su mayoría absoluta en el Senado impulsó el choque institucional, respaldado por un informe de los letrados de la Cámara Alta que no solo veían posible hacerlo, sino que también apreciaban que la amnistía es inconstitucional. Sin embargo, el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, no solo rechaza la estrategia de los populares, sino que avala las actuaciones del Congreso hasta la fecha.
Este informe, al cual tuvimos acceso, llega a conclusiones contundentes. Los letrados del Congreso consideran que el conflicto planteado es improcedente, ya que refiere a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino de un recurso de inconstitucionalidad. Además, argumentan que el choque institucional se planteó fuera del plazo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El artículo 73.1 de dicha norma prevé que el órgano constitucional que vea sus atribuciones invadidas por otro «se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque». Según su criterio, el Senado debería haber reaccionado en el mes siguiente a la calificación de la ley de amnistía en la Mesa del Congreso y no una vez la norma ha aterrizado ya en la Cámara Alta.
Esto pone en perspectiva la acción del Senado y su manejo del conflicto institucional. La interpretación de la ley de amnistía y su tramitación ha generado un choque entre las dos cámaras legislativas que ha requerido la intervención de los letrados del Congreso. El informe de estos letrados, liderado por Fernando Galindo, pone en tela de juicio la acción del Senado, tachándola de «improcedente».