La okupación es uno de los problemas que más afectan a la sociedad en la actualidad, con casos graves que colocan a los propietarios legales en situaciones extremas. Es el caso del dueño de un edificio de Lavapiés que, al adquirir el inmueble en su totalidad, se ha topado con que existe un propietario ilegítimo que, desde hace alrededor de 15 años, realquila los pisos a inquilinos con contratos falsos.
Se ha hecho eco del caso el programa de Cuatro ‘En boca de todos’, que ha entrevistado en directo, frente al edificio, a un representante de la empresa que ha adquirido el inmueble en cuestión. Los vecinos que habitan en los pisos realquilados pagan hasta 1.000 euros en efectivo al mes al dueño ilegítimo, que no tiene ningún poder sobre el edificio pese a que lleva tres lustros haciéndose pasar por su propietario.
«Hace un tiempo teníamos en mente este edificio, vinimos a dialogar y aparece este personaje que nos dijo que no teníamos nada que hacer, que estaba todo legal, hasta hace una semana que ya tenemos en posesión todo el bloque y mi sorpresa es que hablando con los vecinos nos cuentan que están pagando 900 y 1.000 euros», ha contado Rogelio, el representante en cuestión, ante las cámaras de la cadena de Mediaset.
Amenazas a los inquilinos
«Puede que lleve hasta quince años cobrando un capital importante. Sin declarar, no paga impuestos, todo el dinero que cobra es en efectivo, incluso por lo que tengo entendido ha llegado a amenazar a los supuestos inquilinos», añade. Unos supuestos inquilinos a los que la empresa a la que Rogelio representa, que adquirió el edificio a través de un fondo de inversión, ha tratado de ayudar en todo momento.
«Les hemos ofrecido una cantidad, les hemos pagado el transporte y la mudanza, les hemos ofrecido un hotel para todos los daños que ha causado esta persona», explica. La intención de la empresa propietaria es facilitar la transición a los actuales inquilinos que permanecen en el edificio de forma ilegal por culpa de las malas artes del falso propietario. Sin embargo, acabar con este último no será fácil:
«Voy a montar una oficina de mediación y esto es pura psicología, acabarán saliendo porque se verán acorralados. Mi intención es ayudar a las personas que están dentro, pero control de accesos no vamos a montar, no está permitido, no lo vamos a hacer», revela Rogelio, que augura que el falso dueño será probablemente «el último en salir».
El problema de la okupación en Madrid refleja una realidad compleja y en constante evolución. La presencia de okupas en barrios como Lavapiés ha generado un aumento en los conflictos entre propietarios legítimos y los llamados «propietarios ilegítimos». En este caso particular, la situación se ha prolongado durante más de una década, afectando tanto a los dueños legales como a los inquilinos que, sin saberlo, han estado pagando alquileres a una persona sin ningún derecho sobre el inmueble.
El programa ‘En boca de todos’ ha sacado a la luz no solo la trama de alquileres falsos, sino también las amenazas que el falso propietario ha proferido contra los inquilinos para mantener su control sobre el edificio. La empresa que ha adquirido el inmueble ha tomado medidas para intentar resolver la situación de la manera más justa posible, ofreciendo compensaciones y ayudas a los inquilinos implicados.
El representante de la empresa, Rogelio, ha dejado claro que su intención es solucionar el problema sin recurrir a métodos coercitivos, a pesar de las dificultades legales y psicológicas que implica enfrentar a un falso propietario que ha estado operando durante tanto tiempo. La creación de una oficina de mediación busca ofrecer una solución pacífica y justa, aunque Rogelio reconoce que la salida del falso dueño será un proceso complicado.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de abordar la problemática de la okupación desde múltiples ángulos, incluyendo la reforma de las leyes y la implementación de medidas de apoyo tanto para los propietarios legítimos como para los inquilinos afectados. La situación en Lavapiés es solo un ejemplo de un fenómeno más amplio que afecta a muchas otras áreas de Madrid y de España en general.
La okupación no solo genera conflictos legales y económicos, sino que también tiene un impacto significativo en la vida de las personas involucradas. Los inquilinos que han sido engañados por el falso propietario se encuentran ahora en una situación incierta, a pesar de los esfuerzos de la empresa por ofrecerles apoyo. Por su parte, los propietarios legítimos enfrentan un desafío considerable para recuperar el control de sus propiedades y asegurar que se respeten sus derechos.
En definitiva, la problemática de la okupación en Madrid requiere una atención urgente y una acción coordinada entre las autoridades, los propietarios y las empresas involucradas. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo será posible encontrar soluciones duraderas que beneficien a todas las partes afectadas. Mientras tanto, casos como el de Lavapiés continúan destacando la necesidad de una intervención efectiva para proteger tanto los derechos de los propietarios como la seguridad y el bienestar de los inquilinos.