La proliferación de **viviendas de uso turístico** (VUT) está afectando significativamente a la oferta de pisos disponibles en las ciudades, lo que genera un encarecimiento notable del precio de los alquileres. Además, este fenómeno tiene **negativos efectos secundarios** en el corazón de las urbes, tales como el **deterioro de la convivencia vecinal**, el incremento de actividades que rompen el equilibrio del entorno urbano, y la **transformación social** de las zonas afectadas debido a la pérdida de residentes.
**Juan Carlos Suárez-Quiñones**, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, abordó esta problemática durante su comparecencia en las Cortes para hacer balance del ecuador de la legislatura. En su intervención, anunció que se adoptarán **medidas normativas** para regular este asunto. Entre las propuestas, se contempla que los cambios de uso de viviendas existentes se sujeten a una **previa licencia** y que se establezca el **carácter temporal** de las VUT, con un plazo propuesto de cinco años.
El consejero también mencionó la necesidad de **habilitar el planeamiento urbanístico municipal** para identificar las áreas donde la alta concentración de VUT genere problemas de acceso a la vivienda o ponga en riesgo el equilibrio del entorno urbano. Además, defendió la incorporación al régimen legal de **infracciones y sanciones** para los casos de cambio de uso de vivienda a VUT sin la correspondiente licencia urbanística municipal.
**Medidas adicionales** incluyen una **moratoria** para la concesión de licencias a nuevas VUT en municipios con una **población superior a 5.000 habitantes**. Esta moratoria se mantendrá durante el tiempo necesario para que la Consejería elabore un estudio que delimite las áreas donde se produzca una **saturación** de estas viviendas, con los consabidos perjuicios para el acceso a la vivienda permanente.
Facilitación del acceso a la vivienda
En cuanto a las actuaciones para incrementar la oferta de vivienda en la Comunidad, Suárez-Quiñones destacó el fomento de las viviendas colaborativas o **’cohousing’** como una nueva modalidad de Vivienda de Protección Pública (VPP), permitiendo su edificación en suelos dotacionales. También subrayó la puesta en marcha del **Plan de Acceso a la Vivienda Para Jóvenes (Tuya)**, cuyo objetivo es alcanzar las 500 viviendas con una inversión de 53 millones de euros y un coste de reducción de 24.000 euros por inmueble.
Sobre la línea de garantías **’Mi Primera Vivienda’**, que incluye **avales del 17,5% del préstamo hipotecario**, se tiene la previsión de llegar a los 5.000 beneficiarios. Hasta la fecha, se han tramitado 2.809 solicitudes y se han formalizado más de 609 hipotecas bajo esta fórmula.
El consejero también habló del impulso del **programa Rehabitare** en el ámbito rural, donde en los últimos dos años se ha intervenido en 450 viviendas con una inversión de 20,8 millones de euros, y se prevé actuar en otras 294. En cuanto a las ayudas al alquiler para jóvenes, la previsión es alcanzar los **20.000 beneficiarios** con una inversión de 50 millones de euros.
Durante su intervención, Suárez-Quiñones también denunció la sustitución por parte del Gobierno central de **dos aviones de carga de agua en Zamora** por un pequeño helicóptero de 900 litros, lo que ha reducido la capacidad de descarga para la extinción de incendios forestales. Ante esta situación y la **mucha preocupación** del departamento, el consejero envió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, **Teresa Ribera**, para reclamar que se devuelvan los medios correspondientes a Castilla y León.
El consejero señaló que la reducción de estos medios afecta a toda España, pero especialmente a **Castilla y León**, donde la capacidad de descarga de litros ha pasado de 80.700 en 2018 a los 68.800 actuales. «Llámense dificultades que tengan para contratar, llámense como sea, pero tenemos una disminución», concluyó Suárez-Quiñones.