Ministerio de Trabajo reinicia negociaciones para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Ministerio de Trabajo de España, en un movimiento que puede cambiar significativamente las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores españoles, ha citado a una reunión con la patronal y los sindicatos este jueves a las cuatro y media de la tarde para reiniciar las negociaciones en torno a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, retomará las conversaciones con los agentes sociales después del último encuentro celebrado el pasado 19 de febrero.

Este esfuerzo de reforma laboral es parte del compromiso electoral del actual Gobierno de coalición. El plan es que para 2024 se apruebe y entre en vigor una reducción de la jornada laboral máxima, pasando de las actuales 40 horas semanales a 38,5 horas, y posteriormente en 2025, reducir aún más a 37,5 horas semanales. Si se implementa, más de la mitad de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo se verán afectados por la primera rebaja, mientras que la segunda podría alcanzar hasta nueve de cada diez trabajadores.

Desafío de implementación y negociaciones en curso

La implementación de esta reforma plantea un desafío ya que no todos los sectores son iguales y no todas las soluciones pueden ser aplicables de la misma manera. La jornada laboral podría reducirse trabajando unos minutos menos al día, o trabajando un día menos a la semana cada ciertas semanas, o incluso saliendo un poco antes todos los viernes, entre otras opciones. El Ministerio de Trabajo ha delegado el análisis de las posibles fórmulas de reducción a los agentes sociales durante sus reuniones bilaterales.

Las negociaciones han estado en curso durante meses, aunque se han llevado a cabo con cierta discreción. Patronal y sindicatos han estado discutiendo sobre cómo podrían materializarse estas reducciones en el día a día de las empresas. Fuentes consultadas del diálogo social han indicado que las posiciones de las partes se están acercando, aunque todavía no se han anunciado avances concretos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado públicamente su intención de cerrar la norma con el apoyo y consenso de la patronal. Sin embargo, también ha advertido que si los empresarios no se suman a la propuesta, el Gobierno podría legislar de manera unilateral con el apoyo de los sindicatos. El objetivo es tener la norma establecida «antes del verano”.

Estas negociaciones se dan en un momento de tensión entre el Gobierno y los empresarios, particularmente con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La relación con la CEOE ha estado en un punto bajo recientemente, debido a decisiones del Gobierno que han favorecido a las patronales autonómicas, como Pimec, en detrimento de la CEOE.

La aprobación de esta norma sin el apoyo de los empresarios podría dificultar el apoyo de partidos como el PNV o Junts, claves para una mayoría que permita ganar la votación en el Congreso. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, puede enfrentar dificultades aquí. La decisión del Gobierno de dar prevalencia a los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales ha generado mucho descontento entre los empresarios, particularmente en la CEOE.

Esta reforma laboral propuesta, si se implementa, representará la primera vez en cuatro décadas que se modifica directamente la jornada laboral máxima en España. Por lo tanto, las decisiones tomadas en esta reunión del jueves y las negociaciones posteriores tendrán un impacto significativo en las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores españoles.