«Impuesto medioambiental» sobre parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón genera debate

El 30 de mayo marcó la entrada en vigor del «impuesto medioambiental» sobre parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón, una medida que apunta a las «afecciones medioambientales y visuales adversas» que producen este tipo de instalaciones. Esta medida es el último esfuerzo en un creciente movimiento de seis autonomías: Aragón, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria, que han decidido cobrar un peaje a los promotores de energías renovables por instalar sus proyectos en sus regiones.

Según Ismael Morales, responsable de políticas climáticas de la Fundación Renovables, estos impuestos pueden empezar a generalizarse. Sin embargo, señala que con el aumento de los tipos de interés y los costos de los materiales en toda la cadena de valor, añadir mayor presión fiscal a las instalaciones que ya pagan el IBI y el ICIO a nivel municipal, puede no ser la solución óptima para fomentar estas energías.

Impacto en la recaudación y en el sector renovable

El impuesto impuesto en Aragón grava elementos como la potencia, la altura y longitud de los aerogeneradores y el diámetro de las palas. Para la energía fotovoltaica, se toma en cuenta la superficie vallada del parque. Con este nuevo esquema, el Ejecutivo aragonés espera recaudar 16 millones de euros este año y más de 40 millones a partir de 2026 y 2027.

La normativa establece que al menos el 50% de la cuantía que se recauda se destinará a las zonas donde se ubican los parques. Sin embargo, hay preocupaciones sobre la dificultad de controlar qué hace la comunidad autónoma con ese dinero.

Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, pioneras en establecer una tasa al recurso eólico en 2009, 2011 y 2018 respectivamente, ingresaron unos 100 millones de euros en 2021 por este concepto. Pero, según un informe del Consejo General de Economistas, la recaudación obtenida puede no cubrir los gastos de gestión de estos impuestos, lo que resultaría en un balance coste-beneficio negativo.

Extremadura ha descartado implementar una figura fiscal similar, mientras que otras autonomías como Cantabria y Aragón han decidido legislar antes de tener inversiones renovables importantes. Catalunya, a pesar de ser la principal productora de energía en España, se mantiene al margen de esta tendencia.

Recepción mixta de la industria

Estos gravámenes, que inicialmente solo afectaban a las instalaciones eólicas, surgieron como una especie de «compensación territorial». Sin embargo, Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático en Asociación Empresarial Eólica (AEE), critica que la tasa de Aragón no incentiva la reducción del impacto medioambiental.

Por otro lado, la patronal fotovoltaica plantea la eliminación de cualquier gravamen. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), critica que la justificación medioambiental es «absolutamente falsa», y que la medida genera inseguridad jurídica para los inversores internacionales. Según él, este impuesto que aplica de forma retroactiva puede poner en peligro la competitividad de la energía fotovoltaica en España.