El nombramiento de Dolores Delgado como directora de la Fiscalía de Memoria Democrática ha sido anulado por el Tribunal Supremo, una decisión que ha sido aplaudida por la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). La oposición a su elección, impulsada por estas dos organizaciones, ha desembocado ahora en un llamamiento a la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Este martes, ambas asociaciones de fiscales recibieron con satisfacción la determinación del Alto Tribunal. Coinciden en que, aunque la sentencia aún no ha sido notificada oficialmente, es evidente que este nuevo revés al fiscal general requiere su dimisión para preservar la integridad de la institución.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha valorado positivamente el fallo del Tribunal Supremo. En declaraciones a ABC, Dexeus afirmó que, aunque aún no han tenido acceso al contenido íntegro de la sentencia, la noticia de que se han admitido los planteamientos presentados por sus vocales en el Pleno del Consejo Fiscal es positiva. Estos argumentos subrayaban la falta de comprobación de la posible incompatibilidad de Delgado por su relación con Baltasar Garzón en relación a la materia de esta Fiscalía especializada.
Dexeus añade que creen que sus vocales hicieron lo correcto al resistirse a abordar el nombramiento de Delgado sin antes investigar esa posible incompatibilidad. Según Dexeus, esta resolución es una de las muchas circunstancias que deberían motivar la dimisión del fiscal general, algo que la asociación ya ha demandado en tres ocasiones anteriores.
Por otro lado, el vocal de la APIF en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, sostiene que, tras lo ocurrido recientemente y que lleva tiempo sucediendo, un respeto por las instituciones requeriría un cese inmediato del fiscal general. Viada recuerda que este martes han tenido lugar dos actuaciones graves: por un lado, el Supremo reconoció que el fiscal general no respetó las competencias del Consejo Fiscal al negarle el estudio de la posible incompatibilidad de Delgado; y por otro, la apertura de diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos.
Viada afirma que estas son situaciones sin precedentes que suman un buen número de reveses judiciales a la Fiscalía General del Estado y hacen que la dimisión de García Ortiz sea necesaria. Según Viada, la situación es insostenible.
Del mismo modo, el fiscal Antidroga Luis Ibáñez, cuyo recurso también ha sido admitido, celebró la decisión de la Sala Tercera. Sin embargo, se mostró cauteloso al valorarla hasta que no conozca la resolución en su totalidad, lo que se espera que suceda en los próximos días.
El debate en torno a la idoneidad del nombramiento de Dolores Delgado y las consecuencias para el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, son, sin duda, temas que continuarán dando que hablar en el panorama judicial y político español.