Las tensiones en la industria agrícola española han alcanzado un nuevo pico, con la detención de 19 individuos y casi 5.000 denuncias administrativas en el tercer día de movilizaciones masivas del sector primario. Según un balance provisional del Ministerio del Interior, este número de detenciones es un aumento significativo en comparación con los siete arrestos del miércoles y los dos del martes. Las ciudades más afectadas por las protestas han sido Pamplona, Oviedo y Zafra (Badajoz), donde un guardia civil resultó levemente herido por una pedrada lanzada durante la manifestación.
Las movilizaciones del sector primario han continuado a pesar de la creciente presión de las fuerzas del orden, con agricultores bloqueando carreteras en ocho comunidades autónomas para llamar la atención sobre sus demandas. Estas incluyen la reducción de la carga burocrática y un mayor control sobre las importaciones de productos extracomunitarios que no cumplen con los requisitos exigidos por la Unión Europea.
A pesar de que las convocatorias oficiales de las asociaciones agrarias estaban centradas en Ciudad Real, Huesca, Salamanca y Ávila, las protestas se extendieron a Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra. En Pamplona, un grupo de agricultores llevó su protesta a las inmediaciones del domicilio de la presidenta de Navarra, María Chivite.
Las tensiones también se hicieron sentir en Oviedo, donde cientos de agricultores y ganaderos protestaron por la crisis del sector, lo que resultó en enfrentamientos con la policía. Los puntos más críticos de la manifestación se produjeron cuando los manifestantes intentaron concentrarse frente a la Junta General del Principado alrededor de las 13:30 h. En un intento de mantener el orden, los agentes de la Policía Nacional tuvieron que recurrir al uso de porras.
En contraste con las manifestaciones en otras regiones, en Barcelona los agricultores se reunieron con los grupos del Parlament de Cataluña, excepto el PP y Vox. Joan Rui, un agricultor de la plataforma 6F, explicó que habían llegado a un acuerdo con las autoridades catalanas para revisar las restricciones del plan de emergencia por sequía de la Generalitat, el pago de ayudas pendientes de los dos últimos años y la reducción de la carga burocrática de los agricultores.
Las próximas movilizaciones están convocadas oficialmente por Asaja, COAG y UPA en Zamora, Bilbao y Extremadura. Íñigo Bilbao, agricultor y portavoz de Asaja en la provincia de Vizcaya, señaló que su intención es realizar una «manifestación amable» para informar al público sobre sus problemas, que incluyen la carga burocrática y la lucha por precios justos para los productores.
La Plataforma 6-F ha estado alentando las protestas no comunicadas que se difunden a través de las redes sociales. A pesar de las sanciones por los cortes de vía y las protestas no comunicadas, la intención de los manifestantes es protestar con tractores este sábado en Madrid y llegar hasta la sede del PSOE en Ferraz.
El Ministerio del Interior ha estado monitorizando la situación desde el martes con un Centro de Coordinación (CECOR) en el que participan mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil. El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que el propósito del Gobierno es atender a las demandas del campo y garantizar el derecho a la manifestación, pero sin que esto afecte a los servicios esenciales ni a la movilidad de los ciudadanos.
Además, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado a las organizaciones agrarias para tratar el «problema de la mano de obra» en el campo el próximo 13 de febrero. Según Saiz, el sector ha perdido 100.000 empleos en la última década. La situación en el sector agrícola sigue siendo urgente y se espera que las protestas continúen en el futuro.