El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de España está tomando medidas para rectificar y reformular el mecanismo que permite a las personas que realizaron prácticas estudiantiles y no cotizaron por ellas en su momento, abonar ahora y recuperar años de cotización. Esta medida, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de mayo, ha sido criticada por los sindicatos por su aprobación unilateral.
Esta iniciativa se ha diseñado principalmente para corregir las lagunas en las carreras de investigadores o científicos que han pasado varios años con convenios de prácticas en instituciones públicas. La medida permite a esas personas cotizar por esas prácticas realizadas en el pasado para recuperar hasta un máximo de cinco años de cotización. De esta manera, podrán acumular más años de cotización de cara a su jubilación.
El secretario de estado de Seguridad Social, Borja Suárez, tras reunirse con patronal y sindicatos, declaró: «Hemos atendido las aportaciones que han hecho unos y otros, vamos a valorar dichas aportaciones y valorar en su caso si es necesario adoptar medidas adicionales». También, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha confirmado que el Gobierno ha mostrado una buena predisposición para renegociar la medida.
Sin embargo, el formato aprobado por el Gobierno ha suscitado críticas por parte de los sindicatos. El tope de cinco años y el importante desembolso económico que deben efectuar los potenciales beneficiarios son los puntos más cuestionados. Los beneficiarios deben abonar a la Seguridad Social 288,3 euros por cada mes que estuvieran de prácticas, un importe que, según el secretario de políticas sociales de CCOO, Carlos Bravo, es «materialmente imposible para mucha gente, especialmente para aquellos que no han tenido una carrera profesional que le haya permitido tener hoy un salario elevado».
Otra demanda de los sindicatos es ampliar el periodo de prácticas recuperables de los actuales cinco años a siete. Argumentan que este era un compromiso heredado de hace tiempo y que su demora ha perjudicado a cada vez más personas. Los más afectados son los investigadores con becas que pueden estar hasta 10 años encadenando proyectos bajo esta fórmula de contrato no laboral.
La presión de los sindicatos y colectivos afectados ha provocado un cambio en el orden del día de la reunión con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Inicialmente, el Gobierno quería centrarse en la reforma de las pensiones, un tema sobre el que llevan meses trabajando con los agentes sociales. Esta reforma se centra en cuatro aspectos: compatibilizar pensión y empleo, jubilación anticipada, jubilación parcial y mayor implicación de las mutuas en los tratamientos traumatológicos.
La ministra Elma Saiz ha adelantado algunas novedades complementarias, como la evaluación periódica de las actuaciones de las mutuas colaboradoras por parte de la Airef. También ha mencionado la orden ministerial publicada recientemente que permite a las personas que realizaron prácticas estudiantiles en su día abonar importes a la Seguridad Social para ganar tiempo cotizado.
Durante los seis meses de conversaciones, que comenzaron a finales de diciembre, las partes han alcanzado consensos en algunas materias. Un ejemplo es el compromiso del Ejecutivo de recuperar los coeficientes multiplicadores de parcialidad para los trabajadores fijos discontinuos. Esto permitirá a este colectivo obtener una sobrecotización por parte de la Seguridad Social, lo que les permitirá reunir antes los años suficientes para jubilarse y hacerlo con un mayor importe en su pensión.
Las partes han acordado ahora priorizar los cambios en los protocolos para regularizar antiguas prácticas y abordar más adelante el resto de cuestiones pendientes de la reforma de pensiones.