El pasado 1 de mayo, sindicatos e investigadores rechazaron enérgicamente la sorpresiva orden ministerial del Gobierno que buscaba facilitar la recuperación de periodos de prácticas o programas de formación investigadora como años cotizados para mejorar las pensiones de jubilación.
Sin embargo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha presentado una nueva propuesta que permitiría a los investigadores cotizar de forma retroactiva por los periodos en blanco, a un coste reducido al menos a la mitad. En lugar de los 288,3 euros que se necesitarían para recuperar un mes de cotización con la orden ministerial inicial, el nuevo modelo oscilará entre 40 y 140 euros, dependiendo de la antigüedad de la laguna de cotización.
La clave de esta reducción se encuentra en la nueva propuesta de la Seguridad Social que considera el salario mínimo interprofesional (SMI) de la época en la que se produjo la laguna en cuestión, en lugar del SMI de 2024, actualmente en 1.132 euros. La modificación ha sido valorada de manera positiva por el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, aunque aún no ha sido aprobada por los representantes sindicales.
La mayor parte de estas lagunas de cotización se remontan a prácticas realizadas desde finales de los años 80 hasta el 2006, periodo durante el cual muchos contratos no estaban regularizados. La orden ministerial del 1 de mayo, que se espera entre en vigor el 1 de junio, establecía que la compra de un mes de cotización antigua costaría 288,3 euros, independientemente de cuándo se hubiera producido esa laguna.
Con la nueva propuesta, recuperar un mes de cotización costará entre 40 y 140 euros, lo que supone una reducción significativa de entre el 86% y el 50%. Por ejemplo, recuperar una mensualidad de 1997 costaría 101 euros, en lugar de los 288,3 euros fijos del modelo anterior.
Además de considerar el SMI correspondiente a la época en la que se produjo la laguna de cotización, el secretario de Estado ha propuesto otras tres modificaciones significativas. En primer lugar, se amplía el periodo máximo de 5 años de cotización que ahora se puede comprar, que en algunos casos puede llegar a los 10 años. Ahora, la Seguridad Social permite añadir estos 5 años a los 2 ya regularizables según la normativa de 2011, sumando un total de siete años.
Además, el plazo para presentar a la Seguridad Social la solicitud para acordar un convenio especial se ampliará hasta diciembre de 2027, y los pagos resultantes se podrán fraccionar a lo largo de un periodo de cinco años.
El colectivo de investigadores ha presentado al Ministerio un documento con propuestas de acción. Sus principales reivindicaciones incluyen la recuperación de los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social, considerar la base de cotización que correspondía en su momento y que el empleado asuma solo sus propios costes, y no también los del empleador.
No obstante, esta última cuestión no forma parte de las nuevas propuestas que el Ministerio de Seguridad Social ha presentado este lunes. A pesar de los avances, aún queda por ver si estas medidas serán suficientes para satisfacer las demandas de los investigadores y sindicatos.