La OCDE insta a España a experimentar con la reducción de la jornada laboral

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su último informe, ha instado al Gobierno español a experimentar con políticas de reducción de la jornada laboral de 40 horas. El organismo sostiene que es necesario entender mejor cómo una semana laboral más corta podría generar suficientes efectos de productividad para compensar a los empleadores por el aumento de los costos laborales y a los trabajadores por la pérdida de ingresos.

La OCDE, en su informe titulado ‘Reactivar el crecimiento de la productividad ampliamente compartida en España’, propone una serie de medidas que, en su opinión, podrían mejorar el funcionamiento de la economía española. De manera general, la OCDE respalda la reforma laboral de 2021 en España que limitó estrictamente el uso de contratos temporales y recomienda ir más lejos por ese camino y promover más la transición a contratos regulares de duración indefinida.

La OCDE, bajo la dirección de Mathías Cormann, reconoce que tanto en España como en otros países de la OCDE, existe un debate creciente sobre el potencial papel de una semana laboral más corta para el bienestar y la productividad. La OCDE admite que todavía no existen evidencias claras sobre este tema. Por ello, sugiere al Gobierno español «aprovechar la fuerte participación de los interlocutores sociales en la regulación del tiempo de trabajo para promover la experimentación de políticas y ampliar la base empírica».

Reducir la jornada laboral para aumentar la productividad

Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que participó en la presentación del informe en París, interpretó el documento como un respaldo a la voluntad del Gobierno para «acabar con la temporalidad» y mantener el objetivo de reducir este año «la jornada laboral a 38,5 horas semanales, sin reducir el salario de los trabajadores».

Según la vicepresidenta, el aumento de la productividad de las empresas y trabajadores pasa por la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios, así como también por mejorar las vías de conciliación familiar. Para lograr esto, el Gobierno planea aumentar los controles a las empresas y reformular el registro de los horarios laborales para evitar «fraudes».

La OCDE también propone a España facilitar a los trabajadores la rescisión de sus contratos de mutuo acuerdo con la empresa sin perder el derecho a los servicios del desempleo. Según la OCDE, esto corregiría un aspecto que distingue a España de muchos otros países miembros, ya que al no tener derecho a estos servicios, los trabajadores están menos dispuestos a rescindir voluntariamente sus contratos, aumentando en paralelo el coste de despido para las empresas.

El informe también recuerda que varios países han establecido mecanismos específicos de resolución previa al despido para garantizar la terminación del empleo para los empleadores. Por ejemplo, Francia introdujo un plan formalizado de rescisión por mutuo acuerdo en 2008 (‘rupture conventionnelle’).

Efectos de la subida del SMI en la productividad

Según el diagnóstico de la OCDE, España ha enfrentado un débil crecimiento de los salarios y la productividad durante varias décadas. El organismo internacional señala que el salario mínimo ha jugado un papel importante en el conjunto de herramientas políticas en España. Aumentó de un nivel relativamente bajo en 2018, muy por debajo del promedio de la OCDE, al 58% en 2022 y se prevé que aumente hasta el 62% del salario medio bruto.

La evaluación de la OCDE de la reforma del salario mínimo de 2019 sugiere que impulsó significativamente los salarios de los trabajadores con salarios bajos sin causar pérdidas sustanciales de empleos: aumentó los salarios de los trabajadores directamente afectados en casi un 6%, mientras que redujo el empleo en solo un 0,6%, o alrededor de 7.000 puestos de trabajo.

Mejorar la eficiencia y la inversión para aumentar la productividad

Detrás de las malas cifras de productividad se encuentra principalmente una menor eficiencia en la adopción de tecnologías de producción y prácticas de gestión avanzadas debido a las dificultades de las empresas y de los trabajadores para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la globalización. También se debe a una caída de la inversión, especialmente acusada por la burbuja inmobiliaria a comienzos de los años 2000, que absorbió mucho dinero, así como por la exposición de los bancos al sector inmobiliario.

Los autores del estudio insisten en que para reactivar la progresión de la productividad es necesario «corregir los persistentes desequilibrios de cualificación que limitan la adopción de nuevas tecnologías», transferir recursos de las empresas menos productivas a las más productivas y abordar las disparidades entre comunidades autónomas en este asunto.