La Junta de Castilla y León exige una política migratoria coordinada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expresado su descontento y preocupación ante la falta de comunicación oficial por parte del Gobierno central, sobre la reubicación de un grupo de inmigrantes en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras (León). Blanco condena la falta de una política migratoria coordinada e informada, tras enterarse a través de la prensa de que los inmigrantes procedentes de Canarias serán alojados en un hotel de la mencionada localidad que, después de varios años cerrado, se reabrirá por este motivo.

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar. En octubre de 2023, ocurrió un caso parecido con el realojo de inmigrantes, también procedentes de la comunidad canaria, en el Hotel Balneario Palacio de las Salinas, en Medina del Campo (Valladolid). En aquella ocasión, al igual que en esta, el Ejecutivo autonómico no fue informado directamente por el Ministerio competente.

Ante este escenario, Blanco ha instado al Gobierno central a no sólo coordinar la distribución de inmigrantes en las comunidades autónomas, sino a ofrecer un mínimo de información y de lealtad institucional. La consejera ha señalado que el Ejecutivo central elude su obligación de comunicación y coordinación con las comunidades autónomas, descargando esta labor en las entidades del Tercer Sector.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios asume responsabilidades

En este contexto, Blanco destacó que, sin previo aviso, el Gobierno procede al traslado de inmigrantes a territorio de la Comunidad para que una entidad de carácter social, como es la orden hospitalaria de San Juan de Dios, se haga cargo de manera directa de estas personas.

Blanco ha reiterado que Castilla y León es tierra de acogida y solidaria y va a continuar siéndolo. La Comunidad ha demostrado su compromiso con esta postura a lo largo de los años, enfrentando las graves crisis migratorias y proporcionando asistencia en muchos niveles a las personas que la necesitan.

Por último, la Junta de Castilla y León ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que entre los recién llegados pueda haber algún menor de edad no acompañado. Si esto fuera así, el menor debería estar bajo la tutela de la Administración autonómica. Por lo tanto, la Junta precisa estar informada de todas las cuestiones relativas al traslado, con el mero objetivo de abordar la situación y dar una respuesta eficaz e inmediata a los problemas que puedan surgir.

En este sentido, la Junta de Castilla y León insiste en la importancia de la coordinación y comunicación efectiva entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en lo que respecta a la política migratoria. Una política de este tipo, bien gestionada, puede contribuir de manera significativa a la salud y bienestar de los inmigrantes, quienes a menudo se enfrentan a un largo y difícil camino en busca de una vida mejor.