El dilema de prevaricación en el caso de los ERE: ¿un golpe a la democracia?
A medida que el reloj avanza hacia la inminente decisión del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del delito de prevaricación en el complejo caso de los ERE, el Gobierno andaluz ha emitido una advertencia severa: la impunidad en este caso sería un golpe devastador para la democracia. La decisión inicial afectaría a Magdalena Álvarez, y posteriormente a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha cuestionado públicamente la posibilidad de un cambio de criterio en el dictamen del Tribunal Constitucional. Según Sanz, más de 20 jueces han analizado este asunto, junto con las fiscalías de todos los juzgados involucrados, y nunca se había cuestionado la comisión del delito de prevaricación. «Quizás había algunas dudas sobre malversación, pero parece que ahora se está analizando si ocurrió la prevaricación, algo que nunca se había cuestionado», afirmó Sanz.
Sanz también refutó el argumento presentado por el recurso de Magdalena Álvarez, señalando que a la ley de presupuestos aprobada en el Parlamento «luego se hicieron modificaciones por el Consejo de Gobierno, que tuvo responsabilidad».
Además, el consejero vinculó este posible cambio de dirección en el Constitucional con lo ocurrido en el mitin de Pedro Sánchez en Málaga. «Ya hemos visto a Pedro Sánchez anunciar prácticamente que se podría suspender la condena del Tribunal Supremo. Los ERE son el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia en España, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo», indicó.
El papel del Tribunal Constitucional y las denuncias del PSOE
Por otro lado, el consejero Ramón Fernández-Pacheco declaró que ni el Gobierno de Andalucía ni él como portavoz del mismo han cuestionado nunca el papel del Tribunal Constitucional. Sin embargo, notó que le «llamó mucho la atención que esta polémica surgiera días después de que Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE, hiciera un homenaje a Magdalena Álvarez».
Fernández-Pacheco encontró significativo que se aprovechara un mitin del PSOE para ensalzar la figura de Magdalena Álvarez, calificándola de víctima de la derecha y la ultraderecha, y que justo después se supiera que el Tribunal Constitucional tenía que decidir sobre este asunto.
Las declaraciones del Gobierno andaluz fueron condenadas por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que anunció una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por «intromisión inaceptable». Espadas acusó al PP de dar lecciones sobre el respeto a la separación de poderes y al mismo tiempo tratar de influir en los magistrados del Tribunal Constitucional.
«Es inaceptable y desde el PSOE vamos a plantear una queja al Consejo General del Poder Judicial para que tome cartas en el asunto y llame al orden a Moreno Bonilla y a sus consejeros», concluyó Espadas.
A medida que se acerca la decisión del Tribunal Constitucional, todos los ojos están puestos en el impacto que esta decisión podría tener en la democracia española, y las repercusiones que podría tener en los altos cargos de la Junta de Andalucía.