El fiscal superior de Cataluña, Pedro Ariche, ha solicitado la amnistía para los líderes del ‘procés’, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, acusados de malversación y prevaricación en relación con el referéndum ilegal del 1-O. Esta solicitud, que sigue el criterio establecido por el fiscal general, pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aplique el olvido penal a ambos acusados por su participación en los preparativos de la consulta ilegal.
Esta petición, si es aceptada, permitiría a ambos líderes evadir las consecuencias penales de sus acciones. Jové, exresponsable de Economía del Govern durante el 1-O, se enfrentaba a una posible pena de siete años de prisión, mientras que Salvadó, entonces secretario de Hacienda y ahora presidente del Puerto de Barcelona, podría haber sido condenado a seis años y tres meses de cárcel por delitos de malversación agravada, desobediencia, desórdenes y prevaricación.
Amnistía también solicitada para la actual Consejera de Cultura
Natàlia Garriga, la actual consejera de Cultura, también ha sido mencionada en la solicitud de Ariche, quien ha pedido que se archive la causa contra ella. Garriga estaba acusada de desobediencia y se enfrentaba a una multa de 18.000 euros y un año de inhabilitación. Esta solicitud de amnistía también se basa en los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica de la Fiscalía, que se subordinan a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales.
En el caso de Jové y Salvadó, en lo referido a la malversación, el fiscal Ariche argumenta que no hubo ánimo de lucro, es decir, no existió propósito de enriquecimiento ni obtención de beneficio patrimonial personal. Según él, los fondos habrían ido destinados a la consulta ilegal, lo que tiene amparo en la ley de amnistía. Lo mismo ocurre con el delito de prevaricación, o cualesquiera otros actos que hubieran consistido en la aprobación o ejecución de leyes, normas o resoluciones por autoridades o funcionarios públicos que hayan sido realizados con el propósito de permitir, favorecer o coadyuvar a la celebración de las consultas populares.
El ‘procés’, o proceso de independencia de Cataluña, ha sido un tema de gran controversia y división en España durante los últimos años. La celebración del referéndum ilegal del 1-O en 2017, que buscaba determinar la voluntad del pueblo catalán de independizarse de España, fue condenada por el gobierno central y llevó a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permitió al gobierno central asumir el control directo de la Generalitat de Cataluña.
La solicitud de amnistía por parte del fiscal superior de Cataluña puede ser vista como un intento de cerrar un capítulo doloroso en la historia reciente de España. Sin embargo, las heridas de este proceso siguen abiertas y es probable que la decisión del TSJC sea objeto de un intenso escrutinio y debate.