El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, ha emitido un aviso crucial a las fuerzas de seguridad de España. En su declaración del 5 de noviembre, Zaragoza ordenó a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que informen de cualquier hecho que busque ejecutar la resolución del Parlament una vez que sea suspendida por el Tribunal Constitucional. Este aviso se produce en respuesta a la declaración independentista aprobada recientemente por el Parlamento de Cataluña, con los votos de la coalición Junts pel Sí y de la formación independentista y anticapitalista CUP.
La instrucción de Zaragoza no afecta a los diputados autonómicos del Parlamento de Cataluña debido a su aforamiento. En cambio, en el caso de que estos diputados cometan cualquier acción contraria a la ley con el objetivo de conseguir la división de España, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que asuma la responsabilidad de encausar al presidente y a los parlamentarios. La Audiencia Nacional, sin embargo, tiene competencia para investigar este tipo de delitos cometidos por funcionarios y particulares que no estén bajo el paraguas del aforamiento.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha advertido a los independentistas que el delito de sedición lleva aparejada una pena de hasta quince años de prisión. Además de sedición, los movimientos que se realicen de ahora en adelante por aquellos que defienden la independencia también podrían estar cometiendo el delito de rebelión. Zaragoza ha declarado que «cuando los actos constitutivos de ambos delitos vayan encaminados o dirigidos, como es el caso, a declarar la independencia de una parte del territorio nacional violando la legalidad constitucional y cambiando la organización territorial del Estado, deberán ser considerados como delito contra la forma de Gobierno».
Zaragoza también ha señalado que a estos delitos se les podría sumar, en su caso, los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones, uso indebido de fondos públicos para la consecución «de tan ilegítimos fines» u otros previstos por la ley. Además, no solo se perseguirá a aquellos que materialmente cometan estos delitos, sino también a quienes conspiren, los propongan y provoquen para que se cometan.
En cuanto a la movilización policial, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha recordado que todos los cuerpos deben estar a disposición del juzgado. Por tanto, ha remitido su escrito no solo a los Mossos d’Esquadra, sino también a la Guardia Civil y la Policía Nacional, a través del secretario de Estado de Seguridad, la delegada del Gobierno en Cataluña, el comisario general de Información de la Policía Nacional, el jefe superior de la Policía de Cataluña, el general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, el director general de la Policía de la Generalitat y el comisario general de los Mossos d’Esquadra.