La Fiscalía dice que Jácome «se extralimitó y vulneró el derecho a la participación política» en los plenos de Orense

La Fiscalía alega que el alcalde de Orense infringió el derecho a la participación política

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido acusado por la Fiscalía de sobreexcederse y violar el derecho a la participación política, según cómo dirigió las reuniones del ayuntamiento. La concejala socialista Natalia González presentó esta acusación, llevando el caso a los tribunales.

El juicio tuvo lugar el jueves con Jácome y González presentes, aunque ninguno de ellos tuvo que hablar ante el juez. La denuncia original fue presentada por la concejala del PSOE en noviembre, solicitando la protección de los derechos de participación política en el ayuntamiento.

La Fiscalía ha pedido que se admita la demanda, argumentando que Jácome, alcalde y líder de Democracia Ourense, se extralimitó y violó el derecho a la participación política. Además, la Fiscalía sostiene que el lenguaje, las interrupciones y la forma en que Jácome se dirige a los concejales con alusiones personales son «tremendas».

Actuación del alcalde calificada como «contraria a derecho»

Por otro lado, la acusación particular pide que se declare que la actuación del alcalde es «contraria a derecho y violatoria de derechos fundamentales» durante la sesión plenaria del 26 de octubre. También solicitan que se condene al alcalde a publicar la sentencia en la página web oficial del ayuntamiento, con acceso público a la misma, y que proceda a su lectura completa en el primer pleno que se celebre después de la sentencia.

Durante la vista oral, la abogada que representa a Natalia González afirmó que «los plenos de Orense no son adecuados en un estado democrático». Añadió que nadie discute que el alcalde debe dirigir las sesiones, pero se cuestionan las formas en que lo hace, ya que «el pleno representa al pueblo», y las formas «no benefician a los ciudadanos de Ourense ni al estado democrático». Por lo tanto, considera que «hay que reconducir hacia la normalidad democrática».

Natalia González, concejala y portavoz del grupo Municipal Socialista de Orense, presentó en noviembre un recurso para proteger los fundamentales derechos a la participación política en el ayuntamiento.

Para los socialistas, son habituales las acciones del alcalde en las que niega el derecho de palabra durante las sesiones plenarias. El caso denunciado se remonta al 26 de octubre de 2023, cuando la secretaria general del partido en Orense también denunció que Jácome se «extralimitaba» en sus funciones al no permitir hablar al interventor.

En el mismo pleno, el alcalde tampoco permitió a la concejala hablar cuando protestó por alusiones directas, atribuyéndole afirmaciones que no había hecho y pidiendo poder responder a las mismas. A pesar de insistir en su derecho a la participación, el alcalde le indicó que tenía una llamada al orden y que, si seguía hablando, sería expulsada del salón de plenos. Esto sucedió también al portavoz del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, Luis Seara, que insistía en que el interventor pudiera participar en el debate.

Posteriormente, cuando Natalia González usó su intervención en una moción para responder a las alusiones, el alcalde apagó su micrófono. Además, los socialistas critican que Jácome interviene en las sesiones plenarias en cualquier momento, «incluso interrumpiendo» a los concejales y lo hace «sin límite de tiempo». Todo esto para «realizar cualquier tipo de valoración personal subjetiva o política», que consideran «improcedente o despectiva».

Por todo esto, presentaron un recurso en el juzgado contencioso administrativo de Orense, argumentando que el pleno debe llevarse a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales de quienes componen la corporación municipal, y en relación con los principios de objetividad, legalidad e interés general de la corporación municipal, así como con el estricto cumplimiento del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales.