Galicia defiende su sector pesquero ante restricciones de la Comisión Europea
El Gobierno gallego, representado por el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, ha presentado este jueves ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo, la refutación de los argumentos técnicos y científicos empleados por la Comisión Europea (CE) para imponer restricciones a la actividad pesquera de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental. La principal alegación de Villares se basa en el fuerte «impacto negativo» que tales restricciones supondrían para el tejido socioeconómico gallego.
La defensa presentada por Villares, que cuenta con el respaldo de una quincena de colectivos, incluyendo la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo), se apoya en dos argumentos principales. En primer lugar, que el palangre demersal, herramienta utilizada para la captura de merluza, no cumple con las condiciones estipuladas por el reglamento base. En segundo lugar, que dicha modalidad de palangre no figura en la clasificación establecida sobre protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo.
Una estrategia «excesivamente medioambientalista»
La Xunta ha criticado duramente la estrategia de la CE, acusándola de ser «excesivamente medioambientalista» y de no tener en cuenta otros factores relevantes como el social o el económico. En su comunicado, la Xunta ha insistido en el peso que supone el sector pesquero en la economía gallega, con un valor agregado bruto (VAB) 25 veces superior al que sostiene en la UE y seis veces superior al del conjunto de España. Para Galicia, la pesca es la principal actividad económica en un tercio de sus ayuntamientos.
La defensa gallega cuenta también con el apoyo de organismos científicos como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que asesora a la CE, y que ha indicado que la medida no tiene base científica. De igual manera, un reciente informe del Parlamento Europeo sostiene que el veto en las 87 zonas de aguas comunitarias no está fundamentado y no atiende a las particularidades de las diferentes artes como el palangre o la volanta.
Según las estimaciones del Gobierno gallego, estas restricciones afectarían de manera directa a 200 embarcaciones y de forma indirecta a otras 946 embarcaciones de artes menores. En respuesta, Villares ha subrayado el compromiso de la Xunta al defender el modo de vida de la gente del mar ante las instituciones comunitarias. Ha calificado la decisión tomada por el comisario de Pesca de «injusta y discriminatoria» y ha negado que esté basada en fundamentos técnicos y científicos.
Villares ha destacado la sostenibilidad que proporciona la actividad pesquera de la flota de la comunidad y ha reiterado la necesidad de que en este nuevo mandato, la Comisión cuente con un comisario específico de Pesca que responda de manera equilibrada y eficaz a las necesidades del sector. Galicia, con su destacado liderazgo a nivel europeo, y que a su vez permita garantizar la necesaria soberanía alimentaria de todo el continente.
En sus palabras finales, Villares ha expresado su deseo de que la justicia europea atienda a la argumentación presentada por el sector y la Xunta y permita dar marcha atrás al veto de la pesca de fondo. Aunque el desenlace de esta disputa aún está pendiente, el Gobierno gallego se mantiene firme en su compromiso de defender los intereses de su sector pesquero.