La vicefiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, ha tomado una decisión significativa en el contexto legal español. Ha apartado a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra dos miembros del Ministerio Público por delitos de revelación de secretos. Esta decisión se produce después de la supuesta difusión de información confidencial sobre la investigación abierta contra el empresario Alberto González Amador por fraude contra la Hacienda Pública.
La información fue adelantada por El Periódico y confirmada por fuentes jurídicas a ABC. En lugar de la fiscal del TSJM, Sánchez Conde ha designado a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Por lo tanto, será este fiscal quien asuma el caso, pendiente de que el TSJM decida si el asunto debe ser investigado.
Las discrepancias entre la fiscal del TSJM, María de la O Silva, y la vicefiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, vienen de lejos. Silva era partidaria de la admisión de la querella de González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Silva consideraba que procedía hacer al menos unas mínimas averiguaciones para dar con el autor de la filtración. Sin embargo, Sánchez Conde, número dos de Ortiz, era favorable al archivo de la querella sin practicar diligencia alguna.
Este asunto se abordó en la Junta de Fiscales de Sala el pasado 23 de abril donde se impuso, aunque por la mínima, el criterio de Sánchez Conde. Esta decisión se plasmó en un informe presentado ante el TSJM para que se rechazara de plano la querella de Alberto González Amador al defender que no hubo delito alguno de revelación de secretos. Según este informe, la nota de prensa que difundió la Fiscalía fue para desmontar bulos y defender la honorabilidad del Ministerio Público.
Es importante recordar que la opinión del Ministerio Público no es vinculante para el magistrado que instruye la querella. En este sentido, será la Sala Civil y Penal del TSJM, presidida por Celso Rodríguez, quien tendrá la última palabra sobre la admisión o no de la querella.
En su querella, el empresario González Amador insiste en que se produjo la revelación pública de absolutamente toda su intimidad (secreto) e información tributaria, procesal y de defensa. Según él, los denunciados representantes del Ministerio Fiscal revelaron y hicieron público todo secreto y dato personal que tuvieron a mano por razón de su cargo.
González Amador está imputado por dos delitos contra el impuesto de sociedades y otro de falsedad documental por presuntamente haber defraudado a Hacienda 350.000 euros con facturas falsas. Está citado a declarar en calidad de imputado en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) el próximo 20 de mayo.