El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado a la Comisión Europea a realizar una revisión urgente de la directiva que incluye al transporte marítimo en el pago por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Esta directiva, en vigor desde el 1 de enero, afecta a las rutas de entrada y salida de los puertos europeos.
Puente ha presentado una declaración a los Estados miembros en la que plantea la necesidad de diseñar medidas que se aplicarían si las navieras optan por evitar estos pagos mediante la modificación de sus rutas. Este proceso implicaría realizar transbordos en puertos fuera de la Unión Europea, con el objetivo de «enviar una señal al mercado».
La medida ha sido propuesta por España y ha provocado la reunión de los ministros homólogos de 17 países en Bruselas. El tema a discutir es la posible pérdida de competitividad de los puertos europeos debido a la inclusión del transporte marítimo en el régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS). Este régimen ya se aplica en la aviación y en las actividades más contaminantes.
Puente ha transmitido la preocupación de los puertos españoles ante esta situación, que ya ha causado un paro de dos horas este miércoles por parte de los trabajadores de la estiba. Además, ha presentado una serie de medidas a corto plazo para mitigar los posibles riesgos.
La directiva actual incluye un mecanismo de revisión de su aplicación cada dos años para incorporar medidas en caso de una posible desviación de rutas. Sin embargo, Puente ha solicitado que se amplíe el alcance de este mecanismo, estableciendo una monitorización permanente para prevenir esta posibilidad antes de que se produzca.
España busca obtener el apoyo del resto de los Estados para observar no solo si se producen alteraciones del tráfico, sino también las probabilidades de su desvío. Además, propone activar algún tipo de medida cuando exista una amenaza inminente de cambios de ruta.
En la reunión han participado, además de España, los ministros de Transporte de Chipre, Finlandia, Malta, Italia, Croacia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Francia, Portugal, Suecia, Rumania, Eslovenia, Países Bajos y Grecia. Según el Ministerio, todos han acordado estudiar la declaración para manifestarse al respecto.
Puente ha expresado su preocupación por «los riesgos de fuga de carbono, pérdida de competitividad portuaria y pérdida de control sobre la soberanía comercial de la Unión Europea». El ministro señala que estos problemas podrían deberse al desvío del tráfico marítimo a puertos vecinos no europeos para evitar los costes del ETS.
La propuesta de Puente pone de manifiesto la complejidad de equilibrar las necesidades medioambientales con las económicas. A medida que la Unión Europea busca maneras de reducir su huella de carbono, también debe considerar las implicaciones económicas de estas medidas. Los puertos europeos son vitales para el comercio y la economía de la región, por lo que cualquier cambio en su competitividad o funcionamiento puede tener consecuencias significativas.