La intención del Ministerio de Trabajo de aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 antes de las elecciones generales ha provocado el rechazo de los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que el anuncio realizado por Yolanda Díaz tiene un claro «tinte electoral».
Garamendi recuerda que el incremento del 3,1% actualmente vigente fue aprobado en febrero con efectos retroactivos. Por ello, si se aprueba la nueva revalorización, sería la segunda subida acordada este año, aunque sus efectos se apliquen el próximo.
Trabajo acelera el calendario para la revisión del SMI
Una hora después de las declaraciones del presidente de la patronal, la ministra de Trabajo defendió que la constitución de la comisión de expertos se produce, como todos los años, en estas fechas. Díaz dio este jueves inicio a los trabajos de su comité asesor, que deberá recomendar el porcentaje de incremento sobre los actuales 1.221 euros en catorce pagas.
La ministra sostuvo que el encargo responde al calendario habitual y subrayó que «la vida de los trabajadores y las empresas no se detiene por un proceso electoral».
No obstante, el proceso será más rápido que en ejercicios anteriores. Mientras que el informe sobre el aumento vigente este año no fue entregado por los expertos hasta diciembre de 2025, en esta ocasión dispondrán de plazo hasta los primeros días de noviembre. Tras recibir el documento, el Ministerio prevé convocar de inmediato la mesa de diálogo social, con el objetivo de negociar y aprobar la medida antes del 29 de noviembre.
Inflación, poder adquisitivo y márgenes empresariales
Yolanda Díaz ha insistido en que la revalorización debe contemplar el fuerte aumento de los precios registrado en los últimos meses a raíz del conflicto en Oriente Medio. La inflación se sitúa actualmente en el 4,9% y, según los expertos, previsiblemente permanecerá por encima del 4% durante los próximos meses.
El propósito, según la ministra, es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que el incremento salarial debería superar la evolución de los precios. La media anual de inflación que los expertos deberán considerar alcanzaría el 3,3% tomando como referencia los datos hasta septiembre. Por los plazos existentes, parece improbable que se incorpore el dato adelantado de octubre, que el Instituto Nacional de Estadística difundirá el penúltimo día del mes.
Beneficios y productividad
Entre las indicaciones trasladadas al comité figura también la consideración de los «históricos» márgenes empresariales, la evolución favorable de la economía y el crecimiento de la productividad. Díaz señaló que los beneficios empresariales aumentan más de un 20% y que el margen sobre ventas crece más de un 8%.
Además, destacó que la economía española avanza por encima de la media europea, con tasas superiores al 2,2%, y afirmó: «Toca ajustarse el cinturón un poquito por arriba, no por abajo».
El objetivo del 60% del salario medio
Como en años anteriores, la vicepresidenta segunda ha pedido a los expertos que su propuesta mantenga el salario mínimo en el 60% del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea suscrita por España.
Para este año, sin embargo, se incorpora una novedad: el comité deberá analizar el impacto del SMI sobre los hogares con menores ingresos, al ser los que con mayor frecuencia perciben esta renta mínima.